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The Spectator compara la ofensiva de Milei por las Falklands/Malvinas con la de Galtieri
Una columna de opinión publicada el miércoles en el semanario británico The Spectator compara la ofensiva del presidente argentino, Javier Milei, sobre las Falklands/Malvinas con la del dictador Leopoldo Galtieri en 1982, con la diferencia, sostiene su autor, de que el actual Gobierno recurre a la vía judicial y no a la militar. El texto, firmado por el profesor de derecho Andrew Tettenborn, es un argumento de opinión y no una información sobre hechos nuevos.
El columnista califica de “lawfare” —uso de instrumentos jurídicos con fines políticos— el arbitraje que Argentina anunció el lunes por el proyecto petrolero Sea Lion. Sostiene que el objetivo real es reabrir la cuestión de soberanía, que Milei percibe al Reino Unido como débil y dividido, y que busca una distracción ante dificultades internas. Son valoraciones del autor, que también dedica calificativos personales al primer ministro británico, Andy Burnham, y al propio Milei.
El núcleo jurídico de la columna es el más concreto: el autor sostiene que el reclamo argentino es en sustancia una disputa de soberanía territorial y que el tribunal internacional del mar ha dejado claro que no considera suya esa tarea. En casos anteriores, tribunales constituidos bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar declinaron pronunciarse sobre controversias de soberanía, como en el arbitraje entre Mauricio y el Reino Unido por las islas Chagos, en 2015. El procedimiento anunciado por Buenos Aires es un arbitraje del Anexo VII de la Convención; al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Argentina solo le pediría medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral.
La columna contiene imprecisiones. Sitúa en Buenos Aires la demanda ambiental contra el proyecto y sugiere que se presentó con la aprobación tácita de Milei; fue presentada el 1 de septiembre, antes del mensaje presidencial que lanzó la ofensiva, por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata y una asociación de abogados ambientalistas ante la justicia federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. Tampoco está confirmado que las denuncias penales alcancen a directivos de Rockhopper, como afirma el texto.
Tettenborn recomienda al Gobierno británico rechazar el planteo y “mantener la calma”, y sostiene que los tribunales internacionales han perdido imparcialidad. La declaración británica difundida el mismo miércoles, sin embargo, invoca expresamente la Convención del Mar como marco de legalidad de la actividad petrolera en el archipiélago.
Argentina sostiene que la explotación unilateral contraviene las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU y que la voluntad de los habitantes no resuelve la disputa. En el referéndum de 2013, con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.
