MercoPress. South Atlantic News Agency
Un archipiélago de 3.600 habitantes con 86 nacionalidades representadas
La mano de obra extranjera, captada en buena parte a través de empresas de reclutamiento, sostiene una economía transformada por el crecimiento de la pesca y el turismo En una población de menos de cuatro mil personas, el inglés de las calles de Stanley convive con el español de una nutrida comunidad latinoamericana, con el tagalo de los filipinos, el afrikáans de los sudafricanos y el shona de los zimbabuenses. El censo de 2021, el último disponible, registró 86 nacionalidades en las Falklands/Malvinas, un territorio británico de ultramar cuya soberanía reclama Argentina.
Ese censo contabilizó 3.662 residentes habituales. De quienes declararon lugar de nacimiento, 1.530 nacieron en el archipiélago y 1.898 fuera: 749 en el Reino Unido, 369 en Santa Elena —otro territorio británico del Atlántico—, 178 en Filipinas y 168 en Chile, además de 434 de otros países. Cerca del 70% de la población se identifica como isleña, británica o ambas cosas a la vez.
La mano de obra extranjera, captada en buena parte a través de empresas de reclutamiento, sostiene una economía transformada por el crecimiento de la pesca y el turismo. Con un desempleo en torno al 1% y una tasa de participación laboral del 95%, el margen para cubrir vacantes con personal local es escaso, y muchos jóvenes viajan al Reino Unido a estudiar tras la secundaria.
“Somos una comunidad pequeña, prácticamente un pueblo de menos de 4.000 habitantes, pero funciona como un pequeño país”, explica Stacy Bragger, miembro de la Asamblea Legislativa y de la organización Multicultural Falklands, que menciona la dificultad para cubrir puestos de docentes, médicos y personal sanitario.
El censo consigna un ingreso medio anual de 30.000 libras para la población en edad de trabajar y de 53.100 por hogar. Alrededor del 30% de los residentes, sin embargo, son temporales: trabajan con visados de corta duración o están destinados en la base militar de Mount Pleasant.
Alex Olmedo llegó desde Santiago de Chile hace 36 años, pasó por distintos empleos y hoy regenta un hotel y restaurante en la calle principal de Stanley. “Es un muy buen lugar para comenzar una vida”, afirma, y menciona la sanidad y la educación gratuitas. Sobre la política migratoria sostiene que la apertura ha sido gradual y no total, porque mantener el nivel de vida “solamente se logra teniendo control”.
La chilena es la mayor de las comunidades latinoamericanas; hay también peruanos, colombianos, venezolanos y un pequeño grupo de argentinos, la mayoría llegados por vínculos familiares con isleños. Muchos conservan el español como lengua cotidiana y mantienen espacios propios de ocio.
La comunidad zimbabuense, en torno al 1,8% de la población, se formó a partir de la contratación de desminadores para retirar los artefactos colocados durante la guerra de 1982. Esos trabajos se desarrollaron entre 2009 y 2020, y el archipiélago fue declarado libre de minas en noviembre de ese último año. Shupikaya Chipunza, hoy guardia en la prisión local, se quedó después. “Mis hijos son más locales que zimbabuenses”, dice. En casa hablan shona; fuera, inglés.
Desde la ley de nacionalidad de 1983, los nacidos en las islas son ciudadanos británicos plenos. Los migrantes acceden primero al estatus de residente y después a la ciudadanía, tras cumplir períodos de residencia y trabajo.
Esa composición tiene una dimensión política. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar, resultado que el Reino Unido y el gobierno local invocan como expresión del derecho de autodeterminación. Argentina no reconoce esa consulta y sostiene que la población fue implantada tras 1833, por lo que no le correspondería decidir sobre la soberanía.
La presión sobre el mercado laboral podría aumentar con el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, cuya producción está prevista para 2028 y que es objeto de la ofensiva judicial y administrativa lanzada por Argentina este mes.
