MercoPress, in English

Lunes, 14 de setiembre de 2026 - 11:49 UTC

 

 

Milei define el contenido de la ley de soberanía que enviará al Congreso por las Falklands/Malvinas

Lunes, 14 de setiembre de 2026 - 10:55 UTC
El Gobierno busca endurecer ese esquema, tras haber presentado la semana pasada una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas al proyecto Sea Lion El Gobierno busca endurecer ese esquema, tras haber presentado la semana pasada una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas al proyecto Sea Lion

El Gobierno argentino terminaba de definir este lunes el contenido del proyecto de ley de soberanía sobre las Falklands/Malvinas que enviará al Congreso, en una reunión con legisladores propios encabezada por el presidente Javier Milei. El Ejecutivo aún no resolvió si presentará una o dos iniciativas.

El núcleo del paquete es una reforma de la Ley 26.659, sancionada en 2011 a impulso del entonces diputado Fernando Solanas, que prohíbe y sanciona la actividad hidrocarburífera sin autorización argentina en la plataforma continental en disputa. El Gobierno busca endurecer ese esquema, tras haber presentado la semana pasada una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas al proyecto Sea Lion y elevado a 60 el número de personas y compañías alcanzadas por procedimientos administrativos, que siguen abiertos y sin sanción aplicada.

El proyecto contempla además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que involucraría a la Cancillería, los ministerios de Defensa y Economía y la Secretaría de Inteligencia del Estado, con el objetivo declarado de advertir sobre amenazas a la seguridad del país. Legisladores del peronismo plantearon la hipótesis de que el organismo sirva como vía adicional para disponer de fondos reservados de inteligencia.

Esa objeción se apoya en los refuerzos presupuestarios recientes. El decreto de necesidad y urgencia 867/2026, dictado tras el mensaje presidencial del 3 de septiembre, asignó 30.519 millones de pesos a la SIDE, de los cuales unos 10.905 millones corresponden a gastos corrientes y 19.614 millones a inversiones de capital destinadas a infraestructura y tecnología. A diferencia de la ampliación de julio, esta no incrementó los gastos reservados, según verificó la organización de chequeo Chequeado. Fuentes legislativas citadas por la prensa argentina sostienen, no obstante, que la partida de capital podría terminar alimentando fondos de libre disponibilidad. Con ambas ampliaciones, el organismo recibió unos 79.780 millones adicionales en menos de cincuenta días y su presupuesto vigente ronda los 176.000 millones, un 82% por encima del crédito original del año. En 2024, ambas cámaras del Congreso derogaron un aumento a la SIDE volcado íntegramente a gastos reservados. La oposición prepara un pedido de informes.

El mismo decreto asignó unos 217.954 millones de pesos a Defensa, repartidos entre Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Estado Mayor Conjunto, y 119.290 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. La Base Naval Integrada de Tierra del Fuego está contemplada en la norma, aunque no aparece desglosada por separado. Los ministros Carlos Presti, de Defensa, y Pablo Quirno, de Cancillería, viajaron a la provincia para reencauzar esa obra. El diputado Jorge Taiana, exministro de Defensa, afirmó que se inició en 2021, que alcanzó apenas un 9% de avance —porcentaje que atribuyó en parte a que en Tierra del Fuego solo se puede construir unos siete meses al año— y que la actual administración la detuvo por completo.

En paralelo, el diputado socialista Esteban Paulón intimó al Ejecutivo a reactivar el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por la Ley 27.558 en 2020, que debía reunirse cada 120 días y sesionó una sola vez, en agosto de 2024. Le otorgó diez días hábiles para presentar un cronograma.

El paquete llega a un Congreso adverso. La Libertad Avanza perdió la semana pasada votaciones en Diputados y no reunió los apoyos necesarios para sesionar en el Senado. El martes, el Ejecutivo presenta el Presupuesto 2027. Sectores de la oposición sostienen que, antes de endurecer las sanciones, corresponde aplicar la legislación vigente.

Tags: Javier Milei.