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La Defensoría del Pueblo de Colombia cuestiona a De la Espriella por exhibir cadáveres
“No recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, agregó la defensora Iris Marín La Defensoría del Pueblo de Colombia cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por difundir imágenes en las que aparece caminando entre los cuerpos de presuntos integrantes de las disidencias de las FARC muertos en una operación militar, en el primer desacuerdo público entre el organismo de derechos humanos y el Gobierno que asumió el 7 de agosto.
En un pronunciamiento difundido el domingo, la defensora Iris Marín sostuvo que el Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién es más cruel ni disputar con los grupos armados quién produce más miedo. Pidió que los muertos sean “respetados y tratados dignamente” y afirmó que no debería normalizarse que los cuerpos formen parte de la escenografía de una declaración pública. “No recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, agregó. La funcionaria precisó que enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población es un deber constitucional.
Las imágenes corresponden a la Operación Azarías, desarrollada a finales de agosto en Miraflores, departamento del Guaviare, contra el Frente Carolina Ramírez, estructura señalada de operar bajo el mando de alias Iván Mordisco. El balance oficial informó 23 muertos, seis capturados y dos menores recuperados con vida que quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, además de la incautación de armas y explosivos. Según Medicina Legal, dos de los fallecidos eran menores de edad.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió esa misma noche que el Gobierno considera el pronunciamiento “una triste equivocación” por equiparar al Estado con organizaciones criminales, y describió a la Defensoría como una aliada institucional cuyo mandato el Ejecutivo respalda. Marín agradeció el tono del mensaje y reiteró su pedido de que el Gobierno reflexione sobre la forma en que comunica los resultados operacionales, al tiempo que recordó que las alertas tempranas de la entidad ya han advertido sobre el uso de drones, el reclutamiento y la expansión territorial de los grupos armados. El presidente reiteró en redes sociales que su responsabilidad es combatir a quienes considera terroristas y rechazó los cuestionamientos.
No fue un episodio aislado. El viernes siguiente, De la Espriella presentó ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos, resultado de un operativo policial en Riohacha contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en el que murió uno de sus líderes.
Marín también advirtió sobre la existencia de un sitio web no oficial que lleva un conteo de personas capturadas o muertas en operativos ordenados por el actual Gobierno, y recordó el antecedente de los llamados “falsos positivos”: civiles asesinados por militares y presentados como muertos en combate para obtener beneficios de sus superiores.
El debate se produce mientras avanza una controversia judicial paralela. Un juzgado ordenó a la Presidencia, al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas abstenerse de ataques aéreos cuando existan evidencias sobre la presencia de niños reclutados por esas estructuras. La medida no prohíbe todos los bombardeos. La Defensoría registró 1.173 casos de menores afectados por reclutamiento forzado entre 2024 y el 31 de julio de 2026.
El presidente, elegido en parte por su promesa de mano dura, ha defendido su política de seguridad y difundió un balance de gestión que incluye 14.914 capturas y 49.379 kilos de estupefacientes incautados desde su llegada al cargo.
