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Colombia ordena deportar a los migrantes irregulares tras una década como principal receptor
“La orden a Migración es clara: primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación y que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, declaró El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía para identificar y deportar a extranjeros en situación migratoria irregular, en un giro respecto de la política que el país ha mantenido durante más de una década como principal destino de la migración venezolana.
“La orden a Migración es clara: primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación y que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, declaró durante un consejo de seguridad celebrado el domingo en Barranquilla, sede alterna de su Gobierno. Las declaraciones se conocieron a través de un video filtrado de esa reunión. “No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, añadió.
Las cifras sobre el alcance de la medida difieren. El Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario sitúa en 848.000 los venezolanos en situación irregular, de los cuales 193.000 serían menores de edad. Datos de Migración Colombia con corte a enero de 2026, citados por el portal La Silla Vacía, indican que alrededor del 82 % de los migrantes venezolanos tiene estatus regular y cerca de 500.000 no lo tienen. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados estimó en tres millones los venezolanos residentes en Colombia en 2025.
El anuncio pone en cuestión el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, creado por decreto en marzo de 2021, que habilita un permiso de protección temporal expedido sin costo y que convirtió al país en una referencia internacional en regularización migratoria. Colombia acogió a casi un tercio de los 7,8 millones de personas que salieron de Venezuela desde 2015, bajo gobiernos de distinto signo político.
“Una persona que se encuentra en estatus irregular no es un criminal”, señaló Ronal Rodríguez, investigador de ese observatorio, quien advirtió sobre la asociación entre irregularidad y delincuencia. La congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, calificó la medida de “afrenta contra los derechos humanos” y sostuvo que carece de evidencia. El académico Andrés Sampayo estimó en unos 3.000 millones de dólares anuales el aporte de la población venezolana a la economía colombiana en consumo, impuestos y emprendimiento.
La ejecución enfrenta obstáculos prácticos. Colombia comparte con Venezuela una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, y cualquier deportación masiva requeriría cooperación del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un país que atraviesa una transición negociada con respaldo estadounidense.
En el mismo consejo de seguridad, De la Espriella ordenó activar un sistema de recompensas, reforzar la red de cooperantes y ejecutar traslados carcelarios para impedir que las prisiones funcionen como centros de operaciones para la extorsión.
