El 44 % de los niños y adolescentes reclutados por grupos armados en Colombia durante 2025 fueron contactados a través de redes sociales o plataformas como TikTok y Facebook, según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz recogidos en un informe de Human Rights Watch publicado este lunes.
El documento, titulado Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá, tiene 124 páginas y se basa en 184 entrevistas con funcionarios, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios y responsables de protección infantil. La organización analizó los registros de la Defensoría del Pueblo y contabilizó al menos 1.500 menores reclutados desde 2021, con un aumento marcado desde 2023: ese año la entidad documentó 342 casos y en 2024 llegó a 625, un 81 % más.
Los grupos armados en Colombia están reclutando niños con impunidad, ya que los sistemas de protección están fallando y las redes sociales se han convertido en un medio de reclutamiento más eficaz, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización.
El informe sostiene que en la última década alrededor del 1 % de las denuncias por reclutamiento derivó en una investigación penal y solo el 0,2 % terminó en condena, en su mayoría de autores materiales y no de los máximos responsables. Más de la mitad de los casos se concentra en el departamento de Cauca, y las disidencias de las FARC aparecen detrás de la mayoría de las denuncias.
Entre 2020 y 2025 los reclutados tenían con mayor frecuencia 15 o 16 años, aunque más del 30 % de los casos correspondió a menores de entre 10 y 14. Funcionarios de protección infantil informaron a la organización de casos de niños de nueve o diez años. Human Rights Watch recuerda que, conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el reclutamiento de menores de 15 años puede constituir un crimen de guerra.
Los niños indígenas representan casi la mitad de los casos documentados entre 2021 y 2025, pese a que los pueblos indígenas equivalen a alrededor del 4 % de la población colombiana. La proporción de niñas, que era del 40 % en promedio, ha aumentado desde 2021. Una vez captados, los menores suelen ser trasladados lejos de sus lugares de origen para impedir fugas y romper los vínculos familiares. Los niños son destinados al manejo de drones y al combate; las niñas quedan especialmente expuestas a la violencia sexual.
La organización pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella fortalecer la política de prevención, asegurar presupuesto suficiente y reforzar la coordinación institucional y los sistemas de alerta temprana. También dirigió recomendaciones al Congreso, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, los operadores de redes sociales y los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y países europeos.