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Uruguay profundiza la búsqueda de los desaparecidos de la dictadura con acceso a nuevos archivos
Marcha del Silencio en Montevideo, cada 20 de mayo desde 1996, por verdad y justicia por los detenidos desaparecidos de la dictadura. Foto: Sebastián Astorga Uruguay amplió su política de búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la dictadura con la firma de un convenio para el tratamiento, la preservación y la administración de los archivos sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país entre 1968 y 1985. El acuerdo, rubricado este lunes en Montevideo, profundiza un pacto estratégico alcanzado por organismos estatales en febrero.
El convenio fue suscrito por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a través del Archivo General de la Nación; la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), y la Universidad de la República (Udelar). El ministro de Educación, José Carlos Mahía, señaló que el paso resulta fundamental para “avanzar en materia de verdad y justicia”, ya que facilita el acceso a datos cruciales para las investigaciones judiciales y para el acceso de las víctimas a la justicia. El Estado, afirmó, “debe ayudar cuando existe una dispersión tan grande de documentos”, y precisó que el procesamiento de la información se regirá por criterios estrictamente técnicos para garantizar la objetividad.
La principal novedad es la incorporación de la Udelar, que aportará su infraestructura tecnológica para conformar un repositorio que permita sistematizar los datos, garantizar su accesibilidad y difundirlos. La presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, valoró que esa sinergia institucional optimiza los recursos frente al desafío de analizar archivos dispersos en distintas dependencias del Estado, y la vinculó con los permisos ya otorgados para acceder a los archivos del Ministerio de Defensa.
Mota remarcó que el acceso directo a esos documentos es determinante para esclarecer las investigaciones en curso. En el contexto del reciente reconocimiento de ocho nuevos casos de detenidos desaparecidos, explicó que muchos expedientes en estudio cuentan con “información muy mínima”, por lo que ahondar en los archivos estatales resulta vital para reconstruir las circunstancias de cada persona, conocer su militancia o sus lugares de tránsito, y así definir o descartar los casos con mayor certeza.
La búsqueda se enmarca en la ley 19.822 y abarca el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 —cuando el entonces presidente Jorge Pacheco Areco decretó por primera vez las medidas prontas de seguridad— y febrero de 1985, que incluye los años previos al golpe de Estado de 1973 y la dictadura cívico-militar posterior. Según la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, durante ese período 197 personas fueron detenidas y desaparecidas, muchas de ellas en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas.
