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Venezuela avanza en abrir su sector eléctrico a la inversión privada tras años de apagones
El sistema, que antes del 2007 funcionaba bajo un esquema mixto y regionalizado, comenzó a agotarse por la falta de mantenimiento y de nuevas inversiones La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que abre el sector a la inversión privada mediante concesiones de largo plazo, en un intento de revertir el colapso de un servicio golpeado por apagones desde hace dos décadas. La iniciativa pone fin al monopolio que la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejerció durante más de 15 años, aunque todavía requiere una segunda discusión y la ratificación definitiva en los próximos días.
El texto permite la participación de empresas privadas, mixtas y de capital estatal minoritario en todas las cadenas del servicio, junto al Estado. También contempla una revisión del esquema tarifario —con tarifas que reflejen el costo real del servicio y permitan una rentabilidad razonable—, el fin de los prolongados subsidios y la descentralización operativa de Corpoelec.
La reforma se inscribe en el proceso de apertura económica que impulsa Venezuela desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, en enero, tras la salida del poder de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos. El proceso, que ya alcanzó las normativas de hidrocarburos y minería, cuenta con el respaldo explícito de la administración de Donald Trump, que sostiene que estos cambios reactivarán la actividad comercial en beneficio de empresas estadounidenses y de la población venezolana.
La crisis eléctrica acumula unos 20 años. Corpoelec fue creada por decreto de Hugo Chávez en 2007, junto con la estatización de la Electricidad de Caracas, una de las empresas más antiguas del país. El sistema, que antes funcionaba bajo un esquema mixto y regionalizado, comenzó a agotarse por la falta de mantenimiento y de nuevas inversiones. En 2009, una severa sequía dejó la central hidroeléctrica del Guri en niveles críticos e instaló una rutina de racionamiento. Le siguieron el primer gran apagón nacional de 2013 —que dejó al 80% del país sin luz por más de un día— y, en marzo de 2019, el mayor de la historia venezolana, de seis días, que colapsó los servicios de agua, telecomunicaciones y salud.
Entre los episodios de aquellos años figura el escándalo de la empresa Derwick, que recibió más de 2.000 millones de dólares en adjudicaciones directas para la compra de equipos obsoletos y sobrefacturados, según informes de Transparencia Internacional Venezuela. El entonces Gobierno atribuyó el apagón de 2019 a un supuesto “ataque internacional” de servicios de inteligencia estadounidenses.
Hoy, las fallas estructurales persisten: en el Zulia y los Andes se registran cortes de hasta ocho horas diarias, mientras que Caracas, Guayana y el oriente del país mantienen un suministro más estable. Para los expertos, las deficiencias del servicio son un “cuello de botella” para la recuperación de las industrias petrolera, gasífera y siderúrgica.
