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Justicia argentina ordena ejecutar bienes de CFK por unos 480 millones de dólares en la causa Vialidad
El núcleo del fallo consolida un principio jurídico de impacto significativo: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o recibidos por herencia La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este viernes el decomiso de bienes en la causa por administración fraudulenta conocida como Vialidad y ordenó su ejecución para cubrir un monto de 684.990 millones de pesos —unos 480 millones de dólares al tipo de cambio oficial—, considerado por la Justicia como el perjuicio causado al Estado en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
El fallo, dictado por mayoría por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, alcanza a 111 bienes vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, y al empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa. La medida incluye un inmueble a nombre directo de la exmandataria, 19 propiedades transferidas a sus hijos por vía hereditaria, y aproximadamente 84 bienes pertenecientes a Báez y a empresas vinculadas, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Loscalzo y Del Curto.
El núcleo del fallo consolida un principio jurídico de impacto significativo: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o recibidos por herencia. “El decomiso no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito”, sostuvo el juez Hornos en su voto, respaldado por Barroetaveña. Los magistrados argumentaron que en delitos de corrupción complejos no puede exigirse una trazabilidad lineal del dinero ilícito y que basta con probar una vinculación económica razonable.
El juez Borinsky firmó una disidencia parcial al considerar que en algunos casos no se había analizado de forma suficiente la situación de los bienes heredados por los hijos de la expresidenta. La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, calificó la decisión como una “expresión del derecho creativo” y anticipó que el caso será llevado a la Corte Suprema, aunque los recursos pendientes ya no suspenden la ejecución.
La sentencia condenatoria de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner quedó firme en junio de 2025 tras ser ratificada por la Corte Suprema. Desde entonces la exmandataria cumple su pena en prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, ubicado en la calle San José 1111, una de las propiedades incluidas ahora en el decomiso. El plazo para que los condenados depositaran de forma solidaria el monto fijado había vencido el 13 de agosto del año pasado sin que se realizara pago alguno, lo que motivó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola a insistir en la ejecución forzosa. El conjunto de bienes incluye además 46 vehículos y más de 4,6 millones de dólares hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
