La norma deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por decreto del entonces presidente Hugo Chávez bajo poderes especiales
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad este jueves una nueva Ley Orgánica de Minas de 131 artículos que habilita la entrada de capital privado y extranjero al sector minero, en una jornada marcada también por la represión policial contra miles de trabajadores que marcharon para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022.
La norma deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por decreto del entonces presidente Hugo Chávez bajo poderes especiales. El texto fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia para la revisión de su carácter orgánico antes de su promulgación por el Ejecutivo.
La reforma, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se produce en el marco del acercamiento entre Caracas y Washington tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense. El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, visitó Caracas semanas atrás y manifestó el interés de empresas norteamericanas en operar en Venezuela. El Departamento de Estado estima que el valor del oro extraído en el país promedia 2.200 millones de dólares anuales.
Entre sus disposiciones centrales, la ley establece concesiones por 30 años, prorrogables por dos períodos consecutivos de hasta 10 años. Las regalías al Estado serán de hasta un 13% sobre la producción bruta, calculadas sobre el valor comercial del producto final, pagaderas en dinero o en especie. El Banco Central de Venezuela mantiene el derecho preferente de compra del oro durante los primeros cinco días posteriores a su extracción. La norma también introduce mecanismos de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos con inversores.
El artículo 74 prohíbe a funcionarios del Estado y sus familiares obtener títulos mineros o participar como accionistas en sociedades vinculadas al sector hasta cinco años después de dejar el cargo. Las actividades mineras en áreas bajo régimen de protección ambiental especial se castigan con penas de 10 a 15 años de prisión.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó la ley como “un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro”. La reforma minera se suma a la reciente modificación de la ley de hidrocarburos, en una estrategia de apertura económica que busca redefinir el papel del Estado en los sectores extractivos.
En paralelo a la sesión parlamentaria, unos 2.000 trabajadores, sindicalistas y jubilados marcharon desde Plaza Venezuela hacia el Palacio de Miraflores para reclamar un aumento salarial. El salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 0,27 dólares al cambio oficial, frente a una canasta básica familiar estimada en 645 dólares, según consultoras privadas. La Policía Nacional Bolivariana dispersó la movilización con gases lacrimógenos y escudos antimotines, según constató AFP.
Al menos un militante del partido opositor Primero Justicia fue detenido, según la ONG Foro Penal, que contabiliza más de 480 presos políticos en el país. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó agresiones contra 10 periodistas durante la jornada. “¿Esta es la transición que habla Donald Trump? ¿De esto se trata la transición?”, cuestionó José Patines, líder de la Coalición Sindical Nacional. Los sindicatos anunciaron una concentración para el 17 de abril frente a la Embajada de Estados Unidos.
La norma deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por decreto del entonces presidente Hugo Chávez bajo poderes especiales 
