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Caso $Libra: un año del escándalo cripto y lo que se investiga
El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió un enlace y datos técnicos para acceder al token, que se presentaba como parte de una iniciativa privada A un año de la publicación en X del presidente argentino Javier Milei promocionando el criptoactivo $Libra —y de su posterior eliminación—, el episodio sigue bajo escrutinio judicial y político, mientras avanzan causas en Argentina y reclamos civiles en Estados Unidos.
El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió un enlace y datos técnicos para acceder al token, que se presentaba como parte de una iniciativa privada. Horas después, el activo registró un pico de cotización y luego se desplomó, lo que derivó en denuncias de afectados y pedidos de investigación. Milei sostuvo entonces que no tenía participación en el desarrollo del proyecto y atribuyó la polémica a un uso político del episodio.
En una entrevista posterior al escándalo, el mandatario argentino comparó a los inversores –a los que él había convocado a invertir en la economía real argentina- con apostadores de casino. “Si perdés plata, ¿cuál es el problema?”, desafió.
Una comisión investigadora del Parlamento argentino concluyó posteriormente que la promoción presidencial resultó determinante para el alcance del activo. En su reporte, la comisión estimó que 114.410 billeteras registraron pérdidas, mientras que un grupo reducido obtuvo ganancias millonarias; el documento también sostuvo que la difusión se hizo “utilizando la investidura presidencial”.
En el plano penal, la investigación en Argentina ha incluido medidas sobre operadores y presuntos intermediarios locales vinculados al lanzamiento y comercialización del token. La discusión pública se ha centrado en si existió una maniobra de “pump and dump” o “rug pull”, y en si hubo beneficios basados en información privilegiada o coordinación previa.
En paralelo, una demanda colectiva en Nueva York busca resarcimiento económico y apunta principalmente contra promotores y actores privados asociados al token. Informes periodísticos basados en presentaciones judiciales y documentación citada en el expediente sostienen que el litigio incluye alegaciones sobre eventuales gestiones de acceso al entorno presidencial y comunicaciones privadas atribuidas a uno de los involucrados; esos extremos siguen siendo materia de disputa y verificación en sede judicial.
En el terreno institucional, el Gobierno activó y luego desactivó mecanismos administrativos de revisión, mientras la controversia se mantuvo como un punto de fricción entre el oficialismo y la oposición, que impulsó iniciativas parlamentarias de investigación y planteó responsabilidades políticas.
