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¿De qué se trata la baja de imputabilidad que aprobó el Parlamento Argentino?
La “baja de imputabilidad” es la reducción de la edad mínima desde la cual el Estado puede imputar penalmente a una persona. La Cámara de Diputados dio media sanción a un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja ese umbral de 16 a 14 años y redefine sanciones y procedimientos para adolescentes.
El texto se aprobó con 149 votos a favor y 100 en contra. Para convertirse en ley debe pasar por el Senado, que puede ratificarlo o modificarlo.
Cómo funciona el régimen vigente
El esquema actual se rige por el Régimen Penal de la Minoridad (decreto-ley 22.278). En términos generales, los menores de 16 años no son punibles y, para quienes tienen 16 y 17, rigen reglas especiales de proceso y sanción distintas de las de los adultos.
Qué cambia el Régimen Penal Juvenil
El proyecto habilita la responsabilidad penal desde los 14 años, pero plantea que la privación de libertad sea excepcional y reservada para delitos graves. Para esos casos fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión, en delitos como homicidio, robos violentos, abusos sexuales o secuestro. Para hechos menos graves prevé sanciones alternativas (amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño), además de restricciones de acercamiento o de concurrencia a ciertos lugares. En infracciones leves, habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Detención, garantías y rol de las víctimas
La iniciativa prevé centros específicos para adolescentes, con personal especializado, y prohíbe la convivencia con detenidos adultos. Subraya acceso a educación, atención médica y, cuando corresponda, tratamiento de adicciones. También amplía el lugar de las víctimas: derecho a ser informadas y escuchadas, a contar con patrocinio jurídico y asistencia psicológica, y a participar en mecanismos restaurativos.
Debate y marco internacional
En el recinto, la oficialista Laura Rodríguez Machado sostuvo que el régimen vigente “no previene, no resocializa y no repara”. Críticos como Juan Grabois replicaron que “no es un problema de bajar o no bajar la edad” y reclamaron un enfoque integral. En el plano internacional, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño recomienda fijar la edad mínima “al menos” en 14 años y desaconseja reducirla cuando un país ya la fija por encima de ese umbral.
Implementación y próximos pasos
Diputados añadió previsiones de financiamiento para poner en marcha el sistema, un punto sensible por los costos en provincias. La definición queda ahora en manos del Senado; hasta entonces, la “baja de imputabilidad” es una media sanción y no un cambio vigente.
