La discusión del proyecto se enmarca en un proceso de excarcelaciones que comenzó a inicios de enero, tras la captura de Nicolás Maduro
La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cuestionó este viernes lo que calificó como “omisiones graves” en el proyecto de ley de amnistía impulsado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo.
En un comunicado, la PUD sostuvo que el texto excluye “amplios grupos” de presos políticos —civiles y militares— y deja fuera períodos que la coalición considera de relevancia histórica. También objetó que la iniciativa no derogue normas como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar, que la oposición describe como parte de un andamiaje legal utilizado para la persecución política. Además, reclamó que la propuesta no contempla garantías para el “retorno seguro” de exiliados ni levanta inhabilitaciones políticas que pesan sobre dirigentes opositores.
La coalición expresó asimismo preocupación por el mecanismo de implementación: “No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento”, advirtió la PUD, al señalar al Ministerio Público y al sistema de justicia vigente como actores centrales en la aplicación de la eventual amnistía.
La discusión del proyecto se enmarca en un proceso de excarcelaciones que comenzó a inicios de enero, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses, un episodio que reconfiguró el equilibrio de poder interno pero no desmanteló de inmediato el aparato institucional heredado del chavismo. En su anuncio de una “amnistía general”, Rodríguez había presentado la medida como una vía para “favorecer la convivencia” y anticipó exclusiones para delitos comunes graves; en el mismo acto se habló de reconvertir el Helicoide —símbolo de la represión— en un centro de servicios sociales y deportivos.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo a familiares de detenidos que la ley se aprobaría definitivamente el martes y que “a más tardar” el viernes serían liberados “todos” los presos alcanzados por la norma, aunque el alcance efectivo dependerá del texto final y de su ejecución. Según la ONG Foro Penal, 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero y todavía quedarían 687 detenidos, mientras el Gobierno encargado sostiene cifras más altas sin publicar listados oficiales, un punto que familiares y activistas vienen exigiendo desde el inicio del proceso.
La discusión del proyecto se enmarca en un proceso de excarcelaciones que comenzó a inicios de enero, tras la captura de Nicolás Maduro 
