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Brasil: Senado aprueba proyecto que reduce penas de condenados por disturbios del 8 de enero
El expresidente Bolsonaro podría pedir su libertad condicional o arresto domiciliario mucho antes En una decisiva votación de 48 a 25, el Senado brasileño aprobó este miércoles el controvertido “Proyecto de Ley de Dosimetría” (PL 2162/2023), una medida que reduce drásticamente las penas de prisión para los condenados por los disturbios del 8 de enero de 2023 y el supuesto intento de golpe de Estado.
El proyecto de ley, que se tramitó por vía rápida tras una maniobra política en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), pasa ahora al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Si bien se espera un veto presidencial, los líderes de la oposición en el Congreso ya han manifestado su intención de revocarlo.
La legislación afecta directamente al expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Según la legislación vigente, se prevé que la condena total de Bolsonaro, de 27 años y tres meses, se reduzca a 20 años. Más significativamente, el tiempo que debe pasar en “régimen cerrado” antes de poder optar a una detención semiabierta o abierta podría reducirse de casi siete años a tan solo dos años y cuatro meses.
La aprobación del proyecto se produce tras un tenso estancamiento en la CCJ. Las versiones iniciales del texto fracasaron debido a lagunas legales que podrían haber beneficiado accidentalmente a condenados por corrupción o acoso sexual.
Para salvar la iniciativa, el senador Sérgio Moro presentó una “enmienda de redacción” que limitaba estrictamente las reducciones de pena a los delitos cometidos en el contexto de los sucesos del 8 de enero. Al clasificar esto como un cambio de “redacción” en lugar de un cambio de “mérito”, el Senado evitó tener que devolver el proyecto de ley a la Cámara Baja.
El senador Flávio Bolsonaro elogió la medida en redes sociales, afirmando que su padre “se sacrificó” para garantizar que cientos de ciudadanos “agraviados” pudieran reanudar sus vidas. Presentó el proyecto de ley como el único camino hacia la “pacificación nacional”.
Por otro lado, senadores pro-Lula criticaron duramente la ley, calificándola de “casuística”, término legal que designa una medida creada específicamente para beneficiar a una persona o grupo. Argumentaron que eso socava el Estado de derecho al otorgar privilegios a quienes activamente buscan desmantelar la democracia del país.
En este escenario, Lula se ha mantenido cauteloso, afirmando que revisará el texto final antes de actuar. Si emite un veto, la batalla volverá al Congreso, donde una mayoría simple en una sesión conjunta puede anular su decisión.
