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Argentina: Senado provincial de Mendoza aprueba proyecto minero de cobre en medio de protestas
Se esperan nuevas protestas a medida que los grupos ambientalistas se oponen a lo que denominan “el lobby minero” El Senado de la Provincia de Mendoza dio su aprobación final a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del controvertido proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, con 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. La decisión se tomó a pesar de las masivas protestas por el temor a la contaminación del agua.
La iniciativa de mediana escala cerca de Uspallata es impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y apoyada por el presidente Javier Milei. Los promotores citan una inversión proyectada de US$600 millones y la creación de 4.000 empleos en 27 años.
Se considera que el emprendimiento es uno de los proyectos mineros más importantes de Argentina que busca producir insumos esenciales para tecnologías de energía limpia.
La aprobación fue obtenida por la coalición gobernante provincial (Cambia Mendoza), que incluye a la UCR y personalidades de La Libertad Avanza, así como a una parte significativa de la oposición. La mayoría se logró gracias al respaldo de legisladores del PRO, la Unión Mendocina, el Partido Demócrata y cinco senadores peronistas.
Durante el debate, los partidarios argumentaron que el proyecto era necesario para revertir el estancamiento económico y rechazaron la idea de una “falsa dicotomía que enfrenta la minería con la agricultura”. Por su parte, senadores de la oposición, incluidos varios kirchneristas, criticaron la iniciativa.
Además, el Senado también aprobó un EIA para la exploración del Distrito Minero Oeste II en Malargüe, la creación de un Fondo de Compensación Ambiental y un régimen provincial de regalías.
La votación se llevó a cabo mientras grandes columnas de asambleas socioambientales, familias y productores se manifestaban frente a la Legislatura bajo el lema “El agua de Mendoza no es negociable”.
Los activistas advierten que el megaproyecto minero representa un grave riesgo para la principal fuente de agua de Mendoza, que abastece al 75% de la población provincial (aproximadamente 1,5 millones de personas) y a la agricultura local.
La Asamblea del Agua afirma que el proceso implica sustancias altamente tóxicas como el xantato y libera metales pesados. Grupos ambientalistas califican la decisión como un “ataque directo del lobby minero”.
Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) denunciaron la supresión de un documento que planteaba preocupación por las graves deficiencias del estudio ambiental, en particular en lo que respecta a los riesgos para el agua y el patrimonio arqueológico.
Expertos advirtieron sobre la posible contaminación de las aguas subterráneas que alimentan el arroyo Uspallata, lo que afectaría a toda la vital cuenca fluvial.
A pesar de la aprobación legislativa, las asambleas ciudadanas anticipan nuevas manifestaciones multitudinarias con el objetivo de replicar los eventos de 2019 que revirtieron un intento previo de debilitar los controles ambientales sobre la minería.
