La solicitud de arresto domiciliario de De Vido se resolverá en los próximos días Julio De Vido, exministro de Planificación Federal de Argentina durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, fue detenido formalmente este jueves en el juzgado de Comodoro Py para comenzar a cumplir una condena de cuatro años de prisión por su participación en el desastre ferroviario de Once en 2012.
De Vido, de 75 años, llegó a las 8.05 am al juzgado acompañado de su hijo e ingresó al edificio sin dirigirse a la prensa. El juez Ricardo Basílico supervisó el proceso formal de detención. Las autoridades registraron sus datos y huellas dactilares, y le informaron que su condena finalizará el 12 de noviembre de 2029.
Posteriormente fue trasladado al penal de Ezeiza para una evaluación médica. Entre los demás internos de ese centro se encuentran los exsecretarios Ricardo Jaime (Transporte) y José López (Obras Públicas).
Tras su procesamiento, De Vido tuvo que asistir —por videoconferencia— a una sesión del juicio en curso conocido como los “Cuadernos de la Corrupción”, en el que está acusado junto con la expresidenta Cristina Kirchner. Su solicitud de ser excusado de la audiencia fue denegada, y permaneció en la sala del tribunal con su equipo legal durante más de cinco horas.
Fue la segunda detención de De Vido, pero la primera con sentencia firme. Anteriormente estuvo preso en la cárcel Marcos Paz desde octubre de 2017 hasta diciembre de 2019 en relación con el llamado caso Río Turbio.
Su detención actual se produce tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de ratificar su condena por administración fraudulenta vinculada al accidente ferroviario que cobró 52 vidas en la estación Once de la línea Sarmiento en 2012. Una última apelación presentada por el equipo legal de De Vido fue rechazada a principios de esta semana.
De Vido solicitó cumplir su condena bajo arresto domiciliario en su residencia en Zárate, alegando su edad y sus enfermedades crónicas, entre ellas hipertensión, asma y diabetes insulinodependiente. La solicitud está sujeta a un proceso de revisión de varias etapas que incluye evaluaciones médicas actualizadas, una valoración de la capacidad del sistema penitenciario para gestionar su atención y un estudio socioambiental de su domicilio. Se espera una resolución en los próximos días.