El presidente chileno, Gabriel Boric Font, anunció una importante reforma constitucional para fortalecer la seguridad fronteriza y combatir la migración irregular. Hizo estas declaraciones durante una visita a la ciudad fronteriza de Colchane, en la región de Tarapacá, donde también presentó el martes los avances del Sistema Integrado de Fronteras (Sifrón).
El proyecto Sifrón, lanzado en 2023 bajo el Comando Conjunto Norte, articula presencia militar con tecnología de punta y supuso una inversión de más de 13 millones de dólares. Combina el trabajo del personal militar en terreno con una mejora sustancial en la tecnología para detectar, identificar y registrar el ingreso de personas por pasos no autorizados, explicó Boric.
La Macrozona Norte de Chile (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) se ha visto desbordada por oleadas de migrantes, en su mayoría ciudadanos venezolanos, peruanos, haitianos y colombianos. Colchane, en la frontera con Bolivia y a unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago, a una altitud de 3.700 metros, ha perdido casi 1.000 habitantes desde 2021, de un total de 1.700.
Tras completar la Fase I de Sifrón, que consistió en la adquisición de 52 vehículos (camiones, furgonetas y motocicletas) para mejorar el patrullaje, el Gobierno de Chile avanza ahora a la Fase 2, con la compra de cámaras de monitoreo e instalando Puestos de Observación Fronteriza (POF).
La Fase III implicará la compra de drones, además de un sistema operativo completo, entre otras medidas.
La administración de Boric destacó que la política de protección fronteriza, impulsada por esta inversión, ha contribuido a reducir las entradas irregulares en un 48% al comparar datos de 2024 y 2021, cuando los ingresos ilegales habían experimentado un aumento de más del 700% desde 2019.
Asimismo, el mandatario prevé una reforma constitucional para hacer permanente el despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras, dado que las medidas actuales requieren aprobación del Congreso cada tres meses.
Dicha reforma permitirá el despliegue de las Fuerzas Armadas mediante Decreto Supremo y por el tiempo que se considere necesario, otorgándoles facultades específicas en las zonas fronterizas, incluida la facultad de realizar controles de identidad y registros, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI (Policía de Investigaciones) sin necesidad de constantes refrendos parlamentarios.