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Falklands, haya o no petroleo offshore, ‘las petroleras deben hacerse cargo del desguace de sus instalaciones’

Una plataforma offshore, y qué hacer con sus instalaciones una vez concluida la explotación o si quedan insolventes los operadores

El Gobierno de las Islas Falkland, FIG, ha acordado una serie de medidas y reglamentos provisionales para administrar un eventual desmantelamiento de instalaciones de exploración y explotación de crudo y gas, en aguas territoriales, teniendo en mente el desarrollo del Proyecto de Sea Lion, al norte de las Islas.

 El enfoque tiene por objetivo la protección de las finanzas públicas, asegurarse la remoción de la infraestructura, y acercar la legislación de Falklands a las prácticas modernas que se aplican en el Reino Unido, aunque también reconociendo las particularidades locales.

Todos los proyectos offshore de hidrocarburos eventualmente se enfrentan con el fin del emprendimiento. Instalaciones tales como las naves de producción y depósito, líneas de bombeo y las cabezas de los pozos debe ser removidos prolijamente, sellados y/o abandonados.

Si bien estas instalaciones puede que no sean necesitadas por décadas, fracasos tempranos del emprendimiento o cambios en los precios del crudo pueden disparar un desmantelamiento mucho más prematuro, y sin las debidas salvaguardas, el FIG podría encontrarse con unas facturas y equipos abandonados, difícilmente posibles de encarar.

Los riegos son significativos. El gobierno de Australia por ejemplo fue obligado a gastar más de mil millones de dólares australianos en el desmantelamiento del FPSO Northern Endevour, (unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga), luego que el operador culminara en bancarrota.
“El caso del Northern Endevour fue muy instructivo”, según el Fiscal General de las Falklands, Simon Young.

En entrevista con el semanario Penguin News Young dijo que “lo sucedido en Australia demuestra la importancia de considerar las consecuencias de aprobaciones regulatorias, y la necesidad de asegurarse que se toman las adecuadas medidas monetarias para financiar el desguace, incluyéndolas entre los componentes de las licencias petroleras”.

El documento del Consejo Ejecutivo de las Falklands (Desmantelamiento de instalaciones Offshore, Política Provisional), incluye enmiendas a la Ordenanza de desmantelamiento de emprendimientos minerales de 1994; refuerza poderes de FIG, para que pueda marcar programas de desmantelamiento y las respectivas garantías financieras.

También, * Acuerdos de Seguridad del Desmantelamiento, DSA, siguiendo el modelo de ejecución de dicho acuerdo en el Reino Unido, el cual debe ser aceptado y firmado por los beneficiarios de las licencias otorgadas.

*Creación de un fondo fiduciario el cual será alimentado del momento que se produzca el “primer barril de petróleo,” y de ahí en más a partir de la vida útil del desarrollo petrolero, el cual podrá ser utilizado para el suministro de cartas de crédito, bonos o garantías a la empresa original para cubrir proyectos tempranos, previo al crecimiento del fondo.

*Cambios fiscales de forma que las contribuciones al Fondo sean deducibles.
“Es imposible eliminar por completo el riesgo…” sostuvo el Fiscal General, pero “confiamos en que las acciones que tomemos eviten que FIG y los contribuyentes de impuestos tengan que hacer frente a gastos de desmantelamiento. Estamos haciendo mucho más que en otras jurisdicciones para asegurar que los debidos recursos sean puestos de lado para esa eventualidad desde el Día Uno”.

Navitas Petroleum, operador en el desarrollo de Sea Lion, ha suministrado estimativos de costos para un desmantelamiento y desguace de instalaciones, los cuales FIG está revisando con consultores independientes,

“FIG ha obtenido asesoramiento independiente de expertos en estimativos de costos,” sostuvo el Fiscal General Young.
“Está trabajando y analizando con los consultores y titulares de las licencias (incluyendo a Navitas) para asegurarse que se haga una previsión razonable que cubra posibles situaciones de desguace en diferentes etapas del proyecto”
Young confirmó que el principio de contar con un fondo fiduciario de desmantelamiento es una línea roja para FIG, y ha sido aceptado por todos los titulares de las licencias petroleras.

Empero aún hay detalles a finalizar. Navitas ha sugerido que las garantías de bancos con una calificación de riesgo de crédito BBB tendrían que ser aceptables, pero FIG está presionando por una calificación de por lo menos de A- y aún más arriba.

“Como cuestión de política, es difícil que se acepte una letra de crédito, que haya sido emitida por un banco con una calificación por debajo de A-, y agregó que sería necesario analizar la totalidad de los recursos previo a la toma de una decisión final”.

El Fiscal General Young también dejó en claro que FIG, en una situación como esa tendría el poder de bloquear la producción de hidrocarburos, si las seguridades para un desmantelamiento no están aseguradas y debidamente integradas y procesadas.

“Es nuestra intención trabajar, mejor definir y reforzar esta base provisional, previo a potenciales cambios que están en proceso”. Agregó que FIG está considerando institucionalizar, tal cual existe en otras jurisdicciones, un fondo fiduciario para un futuro desguace, ante una situación de insolvencia de los operadores.

Asimismo un área aún en discusión es el de transparencia- “La naturaleza y nivel del flujo de información, aún debe ser elaborado y acordado, esperamos que haya un nivel de información al menos suficiente para asegurar a la opinión pública que se han tomado las necesarias y suficientes previsiones”.

En cuanto a por qué no hubo una discusión abierta de consulta pública sobre el tema, Young explicó que los temas a encarar “son decididamente técnicos e involucran una consideración detallada de información comercial confidencial. También ha habido una serie de consultas y conversaciones con expertos asesores externos” Por tanto “se consideró que había poco por ganar con una consulta, o consultas públicas sobre estos temas, eminentemente técnicos”.

Finalmente, “esperamos que el público apoye el objetivo de estas discusiones y negociaciones, las cuales son para mitigar, tanto como podamos, los riesgos implícitos en un desmantelamiento de instalaciones e infraestructura de explotaciones mar afuera de nuestras aguas”.

Agregó, “eso refiere tanto a los riesgos financieros como los riesgos medioambientales y la propia seguridad de los trabajadores en dichas instalaciones”.

A pesar de las complejidades, Young enfatizó que el principio del desguace o desmantelamiento permanece clarito y al punto, “son las empresas y no los contribuyentes con sus impuestos que deben pagar por la limpieza de donde estuvieron operando las petroleras. Dicho esto, “esperamos que resulte en un beneficio neto significativo para las Islas Falkland, si en efecto una industria offshore, mar abierto, puede ponerse en producción”.