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Uruguay firma Tratado Global de IA del Consejo de Europa
El tratado fue firmado en Estrasburgo por el Embajador de Montevideo en París, Enrique Emilio Loedel Soca Uruguay firmó este martes el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, el primer tratado internacional jurídicamente vinculante cuyo objetivo es garantizar que el uso de sistemas de IA sea plenamente compatible con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Con esta rúbrica, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en suscribir el acuerdo, sumándose así a otros 16 signatarios (once Estados miembros del Consejo de Europa, además de Canadá, Israel, Japón, EE. UU. y la UE).
El tratado fue firmado en Estrasburgo por el embajador de Montevideo en París, Enrique Emilio Loedel Soca, en presencia del secretario general adjunto del Consejo de Europa, Bjørn Berge.
El Convenio Marco proporciona un lineamiento marco jurídico que abarca todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Promueve el progreso y la innovación en IA, a la vez que gestiona los riesgos que puede suponer para los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Para resistir el paso del tiempo, se explicó que el documento es tecnológicamente neutral.
El Consejo de Europa, organización multilateral que defiende y promueve los derechos humanos, cuenta con 46 miembros, 27 de ellos de la Unión Europea.
El Convenio, abierto a la firma hace un año, busca proporcionar un marco legal que abarque “todo el ciclo de vida de los sistemas de IA”.
Según el Consejo de Europa, el tratado promueve “el progreso y la innovación en IA, al tiempo que gestiona los riesgos que esta pueda suponer para los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”, de modo que cada Estado signatario “adoptará las medidas legislativas, administrativas o de otro tipo apropiadas” para “dar efecto a las disposiciones establecidas” en la convención.
“Estas medidas se graduarán y diferenciarán según sea necesario en función de la gravedad y la probabilidad de impactos adversos sobre los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Esto puede incluir medidas específicas u horizontales que se apliquen independientemente del tipo de tecnología utilizada”, señala el documento. Por lo tanto, la aplicación incluye actividades realizadas por “autoridades públicas” que utilizan inteligencia artificial. Sin embargo, un país no estará obligado a aplicar el tratado para actividades relacionadas con la protección de sus intereses de seguridad nacional, “siempre que se lleven a cabo de conformidad con el derecho internacional aplicable, incluidas las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, y con respeto a sus instituciones y procesos democráticos”, lo cual también aplica a cuestiones de defensa nacional.
“Las Partes cooperarán para cumplir el propósito de la presente Convención. Se alienta además a las Partes, según corresponda, a ayudar a los Estados que no son Partes en la presente Convención a actuar de conformidad con sus términos y a adherirse a ella”.
