Un informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre los derechos humanos en Paraguay correspondiente a 2024 concluyó que la situación no mejoró significativamente y citó graves problemas relacionados con la libertad de expresión, el acoso a la prensa y las restricciones a la sociedad civil.
El documento destaca denuncias creíbles de tortura, detenciones arbitrarias y censura. Asimismo, señala que el Congreso paraguayo ha tomado medidas para atacar a las ONG y a los medios de comunicación, utilizando comisiones parlamentarias para intimidarlos mediante acusaciones sin fundamento. Además, varios políticos oficialistas han amenazado a periodistas con acciones legales por investigar la corrupción.
Si bien funcionarios de bajo y medio rango fueron sancionados por abusos, el informe afirma que políticos, policías y militares de alto rango gozan de impunidad.
Por otra parte, el expediente destaca el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, detenciones arbitrarias y liberaciones a cambio de sobornos. Persisten problemas estructurales como la prisión preventiva prolongada, la corrupción y la escasez de jueces. Además, las autoridades rara vez investigan o sancionan los ataques a la libertad de asociación o el rechazo del derecho a huelga.
También existen reportes de despidos de líderes sindicales, listas negras y constantes violaciones de las normas salariales y de seguridad, especialmente en la economía informal.
El informe también mencionó el uso indebido de las leyes de difamación para inhibir el debate público, sumado a amenazas a periodistas por parte de grupos criminales y el secuestro de tres personas a manos de un grupo disidente.
El Departamento de Estado concluyó que la falta de progreso en 2024 reflejó problemas sistémicos y una creciente presión política sobre la prensa y la sociedad civil.