MercoPress. South Atlantic News Agency
Pesca del camarón en Argentina atraviesa grave crisis
La crisis ha provocado daños económicos en puertos como Mar del Plata y Puerto Madryn Una grave crisis en la industria pesquera camaronera argentina, descrita como la peor de su historia, ha dejado 113 barcos congeladores inactivos, 5.000 trabajadores desempleados y ha causado pérdidas de exportaciones superiores a los 200 millones de dólares.
El conflicto surge de una disputa entre empresas pesqueras y sindicatos (SOMU y Simape) por la adecuación del Convenio Colectivo de Trabajo, que vincula las primas de producción de los trabajadores al precio del camarón de 2005 de 12 dólares por kilo.
Las empresas buscan reducir este precio al precio actual de mercado de 5,5 dólares por kilo, debido a la caída de los precios internacionales del camarón, lo que hace insostenible el acuerdo.
Se llegó a un acuerdo parcial con los capitanes de pesca, pero los sindicatos que representan a los marineros se mantienen inflexibles y rechazan los ajustes.
Esto ha provocado daños económicos en puertos como Mar del Plata y Puerto Madryn, donde los trabajadores perciben tan solo un salario básico de AR$500.000 (US$420) mensuales, en lugar de los AR$10 millones (US$8.300) con bonificaciones que podrían alcanzarse en las negociaciones laborales en curso.
El SOMU exige la intervención del gobierno, incluyendo exenciones fiscales, pero se niega a revisar el acuerdo, lo que agrava la tensión y aumenta el riesgo de nuevos disturbios.
El acuerdo con los capitanes de pesca “fue fruto de un riguroso trabajo bilateral, basado en un análisis detallado de los costos de producción y la situación económica de la industria del camarón congelado”, explicó Agustín De La Fuente, presidente de la Cámara Argentino-Patagónica de la Industria Pesquera (Capip), una de las tres cámaras empresariales involucradas en el conflicto.
“Confiamos en que la gente de mar adoptará una postura similar, donde prevalezca la sensatez y el diálogo para encontrar una solución integral a este conflicto que afecta a más de 5.000 familias”, añadió Eduardo Boiero, presidente de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros y Congeladores (CAPECA). El sector empresarial también incluye a la CEPA (Cámara de Empresarios Pesqueros Argentinos).
El sector pesquero también incluye a la gente de mar, representada por SOMU (Sindicato Obrero Marítimo Unido, cuyo secretario general, Raúl Durdos, tiene vínculos con la familia Moyano), y Simape (Sindicato de Pescadores Marítimos, que agrupa a la gente de mar de Mar del Plata).
El acuerdo con los Capitanes incluiría la utilización del precio de exportación del langostino informado por Aduanas para las adjudicaciones de producción, siempre que se haga de forma dinámica y refleje fielmente las condiciones del mercado.
Además, el SOMU presentó una petición al presidente Javier Milei criticando el Decreto 340 sobre la desregulación de la marina mercante. Denunció la paralización de la flota tangonera (nombre que reciben las embarcaciones especializadas en la pesca de camarón), alegando que el reajuste propuesto por las cámaras “carece de fundamento jurídico y económico” porque “no hay empresas pesqueras en quiebra”.
Para resolver las diferencias, el sindicato exige que el gobierno reduzca la Tarifa Única de Extracción (DUE) y los impuestos a las exportaciones pesqueras, exima temporalmente a las empresas de los impuestos a los combustibles (el segundo mayor costo operativo, después de la mano de obra) y establezca un régimen de excepción para las contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, no se menciona la revisión del Convenio. (Fuente: Infobae)
