MercoPress. South Atlantic News Agency
Régimen chavista reprime a operadores de dólares en mercado negro
Los operadores del mercado negro fueron arrestados en varios estados del país Las autoridades venezolanas arrestaron a 15 hombres y 10 mujeres por su presunta participación en la manipulación del dólar en el mercado negro. Los sospechosos, entre ellos operadores, administradores, proveedores de liquidez, desarrolladores, programadores y receptores de pagos, manejaban 18 sitios web que establecían precios paralelos del dólar, lo que causó distorsiones económicas. Algunos de estos portales captaban fondos ilegalmente, según se explicó.
Las detenciones se produjeron en varios estados, como Aragua, Mérida, Lara, Yaracuy, Miranda, Zulia, La Guaira, Barinas y Caracas, con pruebas que incluyen cheques emitidos por Google para ingresos publicitarios. Las autoridades sospechan de motivos políticos, tras observar un aumento del 20% antes de las elecciones del 25 de mayo.
El gobierno chavista de Nicolás Maduro desplegó fiscales en todo el país para garantizar que las empresas utilicen el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), con el objetivo de frenar la especulación y proteger los derechos de los consumidores. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) recibió esta misión durante el fin de semana para garantizar que los comerciantes operaran bajo el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV). ”El Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional, a través de la Sundde, ha desplegado a sus fiscales en el territorio nacional con el objetivo de verificar el uso y el cobro del tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV)“, declaró el gobierno en un comunicado.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, explicó que se hizo como debía ser: ”En silencio, sin ningún tipo de indignación, los capturamos y los presentamos ante el Ministerio Público y los tribunales“.
Según Misión Verdad, algunos de estos sitios web funcionaban como entidades financieras ilegales, captando fondos sin la autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, con tasas que generaban ”distorsiones en la economía nacional”.
