El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió por unanimidad imputar a otras siete personas en relación con una trama golpista durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.
Por unanimidad, el panel, compuesto por el relator del caso, Alexandre de Moraes, y los magistrados Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux y Cristiano Zanin, admitió a trámite la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el llamado núcleo 4 de la trama, conformado por personal del Ejército y un policía federal, acusados de organizar acciones de desinformación para difundir noticias falsas sobre el proceso electoral y ataques virtuales a instituciones y autoridades a través de la estructura de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). El caso se conoció como Abin Paralela.
En consecuencia, los acusados Ailton Gonçalves Moraes Barros (Mayor de la Reserva del Ejército), Ângelo Martins Denicoli (Mayor de la Reserva del Ejército); Giancarlo Gomes Rodrigues (Subteniente Mayor de la Reserva del Ejército), Guilherme Marques de Almeida (Teniente Coronel del Ejército), Reginaldo Vieira de Abreu (Coronel del Ejército), Marcelo Araújo Bormevet (Policía Federal) y Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (Presidente del Instituto Voto Legal) responderán por los delitos de organización criminal armada, abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia, grave amenaza al patrimonio de la Unión y deterioro de los bienes de la Unión.
Según De Moraes, la presentación de la PGR reveló satisfactoriamente que los acusados contribuyeron a la difusión de información falsa sobre las urnas electrónicas y contra el sistema electoral a través de redes sociales. “Se distribuyó y produjo noticias fraudulentas que atacaban al Poder Judicial, al STF, al TSE, la imparcialidad de las elecciones y la emisión de urnas electrónicas. Los acusados formaban parte de esta estructura, dentro de una organización criminal”, afirmó.
De Moraes también advirtió que la PGR resaltó el uso del software FirstMile para monitorear ilegalmente las impugnaciones de Bolsonaro. El magistrado señaló que las investigaciones revelaron que uno de los acusados realizó 887 búsquedas ilegales a través del programa. “Los elementos recabados indican que el grupo infiltrado en la Abin se instaló allí al inicio del mandato de Jair Bolsonaro, en 2018, y fue autor de ataques virtuales contra diversos objetivos que iban en contra de sus intereses”, afirmó.
También señaló que los objetivos de los ataques virtuales fueron seleccionados a partir de las declaraciones públicas de Bolsonaro. “Las acciones cobran aún más relevancia cuando se observa la consonancia entre los discursos públicos de Jair Messias Bolsonaro y los objetivos elegidos por la célula infiltrada en la Abin”. El juez argumentó asimismo que las investigaciones demostraron las acciones del grupo al realizar ataques virtuales contra el entonces comandante del Ejército, general Freire Gomes, y el comandante de la Fuerza Aérea, brigadier Batista Júnior, por no adherirse a la propuesta golpista. La instrumentalización de estos mensajes busca la coacción del comandante general del Ejército con otros militares. ¿Por qué? Porque se negó a apoyar el golpe de Estado, concluyó.
Por su parte, la jueza Cármen Lúcia condenó la difusión de desinformación y afirmó que las mentiras se han convertido en mercancía en las redes sociales. Es la mentira como mercancía. Se ha convertido en un bien, se paga por ello, hay quienes ganan, hay quienes hacen. La mentira como mercancía para comprar antidemocracia, subrayó.
En caso de condena, la pena máxima por los delitos es de 30 años de prisión. Hasta el momento, se han presentado cargos contra los núcleos 1, 2 y 4, totalizando 21 juicios. En marzo de este año, por unanimidad, el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados también fueron imputados. Los casos contra los núcleos 3 y 5 aún están bajo análisis. (Fuente: Agencia Brasil)