Arturo Murillo, exministro boliviano durante el gobierno interino y posiblemente ilegítimo de Jeanine Áñez, será liberado de una prisión estadounidense el 21 de julio de 2025, según publicó la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos en su sitio web.
Murillo fue condenado por lavado de dinero y soborno en relación con un esquema de corrupción por valor de 602.000 dólares relacionado con la compra de gases lacrimógenos a precios excesivos. Inicialmente condenado a 70 meses de prisión en enero de 2023, su detención previa desde mayo de 2021 redujo su condena.
Sin embargo, se espera que su libertad sea breve, ya que las autoridades bolivianas están trabajando en su repatriación mediante expulsión o extradición para cumplir dos condenas: una de ocho años por negociaciones incompatibles y contratos perjudiciales, y una de cinco años y cuatro meses por incumplimiento de deberes en el caso Gases lacrimógenos de Ecuador, explicó el ministro de Justicia, César Siles. Murillo también enfrenta juicios por las masacres de Senkata y Sacaba.
La Fiscalía General del Estado de Bolivia busca asegurar que Murillo enfrente al menos seis procesos judiciales en curso. Haremos las gestiones necesarias para que estas sentencias se hagan efectivas o, en su defecto, bajo la modalidad de extradición, se hará por las vías correspondientes, realizando todas las gestiones necesarias con las autoridades competentes, ya sea la Cancillería, la Corte Suprema de Justicia, entre otras involucradas, porque existe un protocolo establecido mediante acuerdos internacionales, enfatizó el Fiscal General Ricardo Condori.
Según documentos judiciales, Murillo y otros involucrados recibieron sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020, a cambio de facilitar contratos a una empresa estadounidense para el suministro de material antidisturbios. Hemos estado dando seguimiento y coordinando las acciones respectivas, pues consideramos —lo digo categóricamente— que el señor Murillo debe responder ante la justicia boliviana por los delitos que se le imputan, por los procesos en los que ha estado involucrado, e incluso por dos condenas ya emitidas, declaró Siles a la prensa.
El 4 de octubre de 2024, el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz condenó a Murillo a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos para el Estado. Junto con Murillo, su excolega Fernando López también fue condenado, pero se le concedió asilo en Paraguay.
En febrero de 2025, Murillo, Roxana Lizarraga y Fernando López fueron condenados a 5 años y 4 meses de prisión por incumplimiento de deberes en el caso del préstamo de gases lacrimógenos desde Ecuador.