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Gobierno argentino deroga reclamos de propiedad ancestral de tierras
Las medidas anteriores impedían “el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas en las tierras involucradas”, subrayó el Decreto de Milei Las comunidades indígenas de la Patagonia argentina expresaron su rechazo al Decreto 1083/2024 del Gobierno Federal firmado este martes por el que se deroga la emergencia territorial en la región que les daba derecho a reclamar la propiedad ancestral de la tierra. “Traerá consecuencias que todos lamentarán”, advirtió un grupo mapuche.
En la ciudad de Neuquén, la Confederación Mapuche realizó una protesta frente a la Casa de Gobierno, en el primer aniversario de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, e instó al Ejecutivo a “suspender el otorgamiento de permisos o concesiones petroleras en territorios comunitarios donde no se haya realizado la consulta previa”, lo que provocó una colisión de intereses en torno a Vaca Muerta.
Fuentes del Gobierno provincial esbozaron que no existían tales reclamos ancestrales antes de que Vaca Muerta se convirtiera en una rentable región petrolera: “No es más que un oportunismo inmobiliario”, señalaron a Infobae. Una protesta similar estalló en Villa la Angostura con el mismo modus operandi.
La propiedad ancestral de la tierra surgió del artículo 1 de la Ley Federal 26.160, sancionada en 2006, que preveía un relevamiento territorial de las comunidades mapuches, que nunca se completó. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aseguró que la derogación de la emergencia “nos deja librados a una batalla descontrolada” y vaticinó que “puede generar enfrentamientos que lleven a situaciones que después todos lamenten”.
En Río Negro, la eliminación de los artículos de la ley 26.160 por parte del presidente Javier Milei provocará “desalojos, uso de la fuerza y conflictos en todo el país, donde los mapuches luchan por las tierras que ocuparon sus ancestros”. Ahora el gobierno tiene vía libre para reprimirnos y desalojarnos, con la idea de vender esas tierras a capitalistas y amigos del gobierno“, argumentaron las comunidades locales.
La medida pone fin a la emergencia en tierras indígenas, habilitando los desalojos. ”Se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión“, menciona el decreto.
Mariela Llanquinao, de la Liga por los Derechos del Hombre, advirtió que la medida de Milei acelerará los operativos de desalojo en territorios en disputa y en conflicto con grupos representativos de los pueblos originarios. A su juicio, al derogar las reparaciones de 2006, Milei ”gobierna para un determinado sector, violando los derechos de los pueblos originarios en Argentina“ e insistió en que el nuevo decreto es ”inconstitucional“.
Milei argumentó que la Ley 26.160 y el Decreto 805/2021 que prorrogó la emergencia hasta noviembre de 2025 impidieron ”el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas en las tierras involucradas.“ También limitó ”el derecho a disponer de dichos bienes“.
”La ley 26.160 y la excesiva prórroga de la emergencia, ha dado lugar a una larga serie de acciones que, en connivencia con grupos protegidos circunstancialmente por normas aplicables a los pueblos indígenas, avasallaron los derechos de la ciudadanía y agravaron las prerrogativas soberanas del Estado“, argumentó la norma legal.
De acuerdo a la normativa anterior, se suspendieron los desalojos en las tierras ocupadas por estas comunidades desde 2006, lo que llevó a que ”se haya hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, que en muchos casos se encuentran fragmentadas, tornando inútil el objetivo para el que inicialmente se pretendió la declaración de emergencia”, sostuvo también el Presidente.
