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Reportan aumento de violencia contra periodistas en Amazonía
El caso de Bruno y Dom en 2022 ayudó a generar conciencia sobre el tema La Federación Nacional de Periodistas de Brasil (Fenaj) constató que en los últimos diez años se han registrado 230 casos de violencia contra la libertad de prensa en los nueve estados de la Amazonía Legal, informó la Agencia Brasil. Según un estudio publicado esta semana, el estado de Pará registra el mayor número de actos violentos en la Amazonía, con 89 casos en una década, seguido de Amazonas (38), Mato Grosso (31) y Rondônia (20). Entre estos hechos, destaca el asesinato del periodista inglés Dom Phillips y del indigenista Bruno Pereira en 2022.
El coordinador de Periodismo y Libertad de Expresión del Instituto Vladimir Herzog, Giuliano Galli, explicó que el asesinato de “Dom y Bruno” -como se conoce el episodio- provocó que se prestara más atención a los casos de violencia en la región. El instituto desarrolla proyectos relacionados con la protección de periodistas a nivel nacional.
“Específicamente, en los últimos años, especialmente después de los asesinatos de Bruno y Dom, comenzamos a recibir un volumen mucho mayor de denuncias de periodistas y comunicadores que trabajan en la región amazónica. Entonces la gran motivación fue producir un documento que respaldara nuestra percepción de que hay un mayor número de casos en esa región para que podamos usarlo para trabajar con actores estatales brasileños para adoptar medidas y crear políticas públicas para proteger a periodistas y comunicadores en la Amazonía”, señaló Galli a Agência Brasil.
También se explicó que la violencia contra periodistas está directamente relacionada con las investigaciones sobre delitos ambientales. En 2022, el número de casos de violencia contra periodistas en la Amazonía aumentó a 45 de los 20 registrados el año anterior, según una encuesta de la Fenaj.
“Los informes que recibimos indican que, específicamente en el valle de Javari, la situación sigue siendo bastante peligrosa y se ha hecho poco desde entonces. Por lo tanto, es una motivación para evitar que casos similares como los de Bruno y Dom vuelvan a ocurrir, no sólo en el valle de Javari sino en toda la Amazonía y en todo el país”, agregó Galli, quien insistió en que el informe era claro al señalar la conexión entre actividades ilegales como la minería, la ocupación de territorios indígenas y la falta de políticas públicas de protección. Galli explicó asimismo que, además de los periodistas, también se persigue a defensores de derechos humanos.
(Fuente: Agencia Brasil)
