La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha acordado revisar la reclamación de Venezuela contra Argentina por la incautación del carguero Boeing 747-300 perteneciente a la filial de carga de Conviasa, Emtrasur, y su posterior entrega a las autoridades estadounidenses para su desguace. El avión era buscado por Washington porque había pertenecido a la compañía aérea iraní Mahan Air y se decía que estaba implicado en operaciones logísticas de ayuda a atentados terroristas.
El presidente del Consejo de la OACI, Juan Carlos Salazar Gómez, envió a Caracas una nota en la que explica que ”la República Bolivariana de Venezuela (demandante), alega que, desde el 8 de junio de 2022, la República Argentina (demandada) ha cometido violaciones de varios artículos del Convenio de Chicago (a saber: artículos 3 bis, 4, 12, 13, 15, 16, 22, 22, 27, 28, 28, 32, 33, 44 y 82). El régimen del presidente Nicolás Maduro alega que estas violaciones se consumaron mediante la aplicación de medidas restrictivas unilaterales ilegales de carácter discriminatorio contra la República Bolivariana de Venezuela, según la OACI.
La parte actora alega que tales violaciones se produjeron en el marco de los inconvenientes sufridos por los vuelos no regulares identificados con los números ESU 9217 y 9218, realizados con la aeronave Boeing 747-300 matrícula YV 3531 perteneciente al Consorcio Conviasa y arrendada por éste a la Empresa de Transporte Aereocargo del Sur S. A. Emtrasur, cuyo código OACI es ESU078, señala también el documento.
Cuando un juez argentino ordenó la incautación de la aeronave, su tripulación mixta, compuesta por 14 venezolanos y 5 iraníes, permaneció en Buenos Aires durante bastante tiempo antes de ser liberada al no hallarse pruebas de ningún delito.
El cuatrimotor había sido inmovilizado en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza tras denegársele el servicio de repostaje por temor a represalias de Estados Unidos, donde cualquier organización o persona que ayude a una unidad incluida en la lista de buscados queda automáticamente inhabilitada para prestar servicio a cualquier empresa estadounidense, lo que significaba que quien suministrara el combustible al carguero de Emtrasur perdería a United, American y Delta como clientes habituales, así como cualquier otro servicio de carga de bandera estadounidense.
El Boeing 747-300 llegó a Argentina el 6 de junio de 2022 procedente de México con piezas de automóviles para una fábrica local de Volkswagen. Tras negársele el reabastecimiento de combustible en Ezeiza, intentó hacer escala en Montevideo, pero fue en vano, por lo que voló de regreso a Argentina.
Un tribunal estadounidense del Distrito de Columbia ordenó en octubre de 2022 la incautación de la aeronave venezolano-iraní transferida por Irán a la firma venezolana en octubre de 2021, sin autorización estadounidense en violación de una orden de 2008 emitida por el Departamento de Comercio. Conviasa está alcanzada por sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense.
La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el flagrante robo de la aeronave Boeing 747-300, siglas YV 3531, perteneciente a la Empresa de Transporte Aerocargos del Sur (EMTRASUR S.A.), consumado el día de hoy tras la connivencia entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y la República Argentina, escribió entonces en X el canciller venezolano, Yván Gil.
El gobierno bolivariano acusó a Argentina y Estados Unidos de haber violado de manera artera (...) todas las normas que regulan la aeronáutica civil y de haber puesto en riesgo la seguridad aeronáutica en la región.
Venezuela libre y soberana dará una respuesta contundente, directa y proporcionada a este ataque, para lo cual utilizará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución nacional, la diplomacia y el Derecho Internacional, advirtió también el régimen bolivariano.
Ningún imperio, ni sus satélites lacayos, podrán doblegar la voluntad del pueblo venezolano, que ha decidido seguir el camino de la verdadera independencia, insistió Caracas.
La aeronave realizó su último vuelo desde Ezeiza a Estados Unidos el 11 de febrero de este año. La aeronave incautada, de fabricación estadounidense, fue transferida por una aerolínea iraní sancionada en una transacción que violó las leyes estadounidenses de control de exportaciones y benefició directamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es una organización designada terrorista”, explicó el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.