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Argentina cierra el servicio de noticias Télam
Los gremios de prensa calificaron la decisión del gobierno como un atentado contra la libertad de expresión El servicio de noticias estatal argentino Télam llegó a su fin el lunes, cuando 700 de sus trabajadores recibieron correos electrónicos en los que se les comunicaba que no debían presentarse a trabajar porque se les había concedido una licencia, mientras que la página web del medio anunciaba estar “en reconstrucción”. El Presidente Javier Milei había anticipado el 1 de marzo que uno de sus recortes de gastos consistiría en cerrar lo que calificó de nido de “propaganda kirchnerista.”
Invocando los niveles de pobreza del país del 50% y la consiguiente necesidad de ajustar los gastos del Estado, Milei argumentó que los contribuyentes argentinos no deberían tener que financiar a estas empresas. El llamado “plan motosierra” del mandatario incluyó una reducción del número de ministerios, el fin de beneficios para funcionarios públicos y el cierre de entidades como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y Telam.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) afirmó que la decisión de Milei era uno de los ataques más graves a la libertad de expresión en los últimos 40 años de democracia. Dado que Télam fue creada por ley en 1945, bajo el entonces presidente Juan Domingo Perón, queda por ver cuál es el fundamento jurídico de la medida de Milei. No se ha presentado ningún proyecto de ley al Congreso, ni se ha emitido ningún decreto denecesidad y urgencia (DNU), que podría eludir la aprobación parlamentaria, al menos por un tiempo.
Con 27 corresponsales y unos 50 cronistas y fotoperiodistas en todo el país, se espera que el cierre de Télam repercuta en los numerosos medios que se nutrían de su contenido.
La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) emitió un comunicado en el que destaca la necesidad de que el país cuente con una agencia de noticias estatal -aunque no gubernamental- que garantice el acceso a una información plural y apoye la difusión de noticias que, por razones obvias, no suelen interesar a los medios comerciales, pero que sin embargo son vitales para la opinión pública.
Una agencia estatal refuerza además la llegada de la información a todos los puntos geográficos del país, señaló también ACERA.
Si efectivamente, como afirma el Gobierno, Télam ha dejado de ser neutral, el camino debe ser reformulado y no aniquilado, agregó la entidad al defender la libertad de prensa contemplada en los artículos 1, 7, 14, 33, 41 y 42 de la Constitución argentina, así como en los tratados internacionales de los que Argentina es signataria y que tienen rango constitucional.
Ante el temor a la desaparición de Télam, varios legisladores de la oposición estarían estudiando proyectos de ley para garantizar la continuidad del servicio. El diputado kirchnerista Pablo Carro reclamó “que el Poder Ejecutivo Nacional apoye a Télam, como única agencia de noticias argentina con alcance federal y corresponsales en todas las provincias”. Advirtió que “un eventual cierre de Télam afectaría no sólo la generación específica de material de uso diario de cientos de medianas y pequeñas empresas y organizaciones periodísticas de todo el país, sino también a cientos de trabajadores que ejercen el periodismo con profesionalismo y años de antigüedad”.
“Su perfil federal y su capacidad de generar información diversa, lejos de ser eliminados, deben ser fortalecidos a través de una reorientación de esta empresa pública”, añadió.
La ex candidata presidencial del Frente de Izquierda Myriam Bregman presentó un proyecto de rechazo a “cualquier intento de avanzar en el desguace y vaciamiento de la Agencia Télam”. Sostuvo que “detrás del cierre de la Agencia se esconde un nuevo ataque al derecho a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión”.
Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, ya había buscado el jueves pasado que el Congreso impidiera el cierre de Télam. “El Gobierno tiene que entender que no puede llevarse todo lo que contribuye a la construcción del federalismo, la diversidad y la calidad de la información”.
En línea con las políticas de Milei, el director de Radio Nacional (otro medio estatal), Héctor Cavallero, decidió no renovar los contratos de más de 100 trabajadores, en una medida para que las filiales de todo el país emitan los mismos programas que la central en Buenos Aires. También pidió la renuncia a los directores de las 48 filiales provinciales que aún permanecen en sus cargos, informó Clarín.
Cavallero es un conocido productor de espectáculos de los años 70 y 80 que pretende hacer rentable Radio Nacional, mientras que bajo la anterior gestión de Rosario Lufrano se decidió que la emisora no incluyera publicidad.
