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Uruguay: Recargo a viajes fluviales desata impugnaciones legales
Aplican recargo a viajes en barco desde y hacia Uruguay Buquebús y Colonia Express, las dos navieras que prestan servicios regulares de pasajeros entre Argentina y Uruguay, anunciaron esta semana que planean impugnar el decreto del presidente Luis Lacalle Pou que crea un recargo de 2,56 dólares para los pasajeros que lleguen o salgan de los puertos de Colonia y Montevideo.
Según la medida, a partir de mayo de este año todos los pasajes vendidos por ambas compañías para viajar en febrero de 2025.
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La misma “Tasa por Servicio de Seguridad” se aplicaría también a los pasajeros de cruceros.
El gobierno uruguayo busca financiar con esta recaudación un sistema de control migratorio de última generación. Los operadores turísticos locales del lado uruguayo ven la iniciativa como un factor perjudicial una vez que la actividad se está recuperando de la recesión pandémica del Covid-19. Afirman que ese recargo tendría un efecto negativo sobre los viajeros argentinos, dada la disparidad en el tipo de cambio.
El abogado Julio Facal, que representa tanto a la Cámara de Turismo como a Colonia Express, dijo a La Diaria que su empresa y también Buquebús planean presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Lacalle Pou. “Ambas empresas vamos en la misma dirección: presentar un recurso contra el decreto sin erradicar otro tipo de acciones, como una medida cautelar”.
Para Facal, el recargo es un impuesto “disfrazado de carga y coste a una sola actividad, en lugar de repartirlo proporcionalmente entre todos los particulares que pasan por los pasos fronterizos.”
“Es un servicio esencial que debería prestar el Estado. Yo no elijo pasar por un paso fronterizo, no pueden cobrar sólo a las dos compañías fluviales una especie de tasa por un servicio que no se presta. Es una tasa específica para financiar un coste que es un servicio que debe prestar el Estado”, prosiguió.
Facal dijo que la medida equivalía a cobrar sólo a los ladrones para mantener operativa a la policía. Un peaje “es para mejorar una carretera”, mientras que en este caso “cobran por algo que debe hacer el Estado” en todos los caso y sin ningún beneficio para el usuario. “Entendemos que es inconstitucional porque fijarlo por decreto no se puede hacer, debe hacerse por ley. Tiene dudosa legalidad”, insistió el letrado.
