Decenas de personas trans y miembros de la comunidad LGTBIQ+ protagonizaron este martes una manifestación por las calles de Lima para protestar contra los crímenes de odio y defender su derecho a la vida. Desde 2021, al menos cinco miembros de la comunidad trans han sido asesinados y las amenazas y otros incidentes violentos han ido en aumento.
Los manifestantes exigieron justicia y seguridad para las víctimas, además de políticas de protección, ya que el Gobierno de Dina Bolujarte sufrió una importante remodelación de gabinete a principios de esta semana.
En la marcha del martes participaron unas 200 mujeres trans y organizaciones aliadas. Flavia Chávez, del Movimiento Trans Peruano de Arequipa, dijo a La República: Esta marcha se realizó porque hubo impunidad. No encontraron al asesino de Rubí ni emitieron orden de captura contra el responsable.
Estamos exigiendo que cambien las condiciones de las mujeres trans. Nos presentamos a los trabajos y nos dicen que volvamos, que ya os llamaremos y eso nunca ocurre, añadió.
El grupo también exigió el reconocimiento legal de los cambios de nombre y categoría sexual en los documentos de identidad, así como oportunidades laborales sin discriminación.
Sin embargo, el gobierno peruano estaba centrado en otros asuntos, como la declaración del estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, donde se suspenderán todas las actividades comerciales, eventos sociales y espectáculos entre la medianoche y las 4 de la madrugada. El primer ministro, Alberto Otarola, anunció este lunes que la medida durará 60 días debido al aumento de la delincuencia.
En Trujillo, el control será asumido por la Policía Nacional (PNP) con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras que en Pataz, los militares asumirán el grueso de las labores de seguridad con la asistencia de las fuerzas policiales, se explicó.
”El año pasado se han producido más de 30.000 delitos en Trujillo, 11.000 hurtos y robos en toda la provincia (...) Este 2024, hay casi un muerto por día. En consecuencia, hay muchas bandas y organizaciones criminales que vienen haciendo daño, sobre todo a las zonas más densas y pobladas: Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora..., dijo Otarola al tiempo de destacar que en Pataz el incremento de las actividades delictivas estuvo estrechamente vinculado a la minería ilegal.
Estamos enfrentando a más de 20 bandas organizadas (...) Lo que hemos encontrado es la peor expresión de lo que se puede pensar en seguridad ciudadana: extorsiones, explotación laboral, explotación sexual, proxenetismo, tráfico de armas, tráfico de insumos químicos”, puntualizó el Ministro.