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Avión de Emtrasur entregado a EE.UU. abandona Aeropuerto de Ezeiza tras 20 meses
“El avión de carga Boeing 747 llegó al Distrito Sur de Florida, donde será preparado para su disposición”, dijo el gobierno de EE.UU. en un comunicado El avión carguero Boeing 747-300 de bandera venezolana matrícula YV3531 de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de Conviasa, abandonó después de 20 meses el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, Argentina, con destino a Estados Unidos.
Caracas se opuso a la decisión, pero fuentes diplomáticas argentinas dijeron que había sido dictaminada por la Justicia, que decidió hacer lugar al pedido de un juez estadounidense de incautar la aeronave vinculada a operaciones logísticas en varios atentados terroristas en todo el mundo.
El cuatrimotor llegó a Argentina el 6 de junio de 2022 procedente de México transportando autopartes para una fábrica local de Volkswagen. Pero al estar en la lista negra de Estados Unidos, se le negó combustible en Ezeiza. Luego intentó hacer una escala en Montevideo con ese fin, pero fue en vano y debió volar de regreso a la Argentina. En el incidente fueron detenidos 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes por sus presuntos vínculos con el terrorismo internacional, pero finalmente fueron puestos en libertad por falta de pruebas sobre su financiación de actividades terroristas. Mientras tanto, un tribunal del Distrito de Columbia ordenó en octubre de 2022 la incautación del avión venezolano-iraní. Argumentó que, dado que el avión fue transferido a la empresa venezolana en octubre de 2021, sin autorización estadounidense, violaba una orden de 2008 emitida por el Departamento de Comercio.
La aeronave pertenecía a la empresa iraní Mahan Air y actualmente está en manos de Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
”La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el flagrante robo de la aeronave Boeing 747-300, siglas YV 3531, perteneciente a la Empresa de Transporte Aerocargos del Sur (EMTRASUR S.A.), consumado el día de hoy tras la connivencia entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y la República Argentina“, escribió en X el canciller venezolano, Yván Gil.
El Gobierno bolivariano acusó a Argentina y Estados Unidos de haber violado ”de manera artera (...) todas las normas que regulan la aeronáutica civil“ y de haber puesto ”en riesgo la seguridad aeronáutica en la región.“
”Venezuela libre y soberana dará una respuesta contundente, directa y proporcionada a este ataque, para lo cual utilizará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución nacional, la diplomacia y el Derecho Internacional“, advirtió también el régimen bolivariano y denunció el caso ante la Organización de Aviación Civil Internacional.
”Ningún imperio, ni sus satélites lacayos, podrán doblegar la voluntad del pueblo venezolano, que ha decidido seguir el camino de la verdadera independencia“, insistió Caracas.
”El Departamento de Justicia completó hoy [lunes] la ejecución de una orden final de confiscación de un avión de carga Boeing 747 de fabricación estadounidense que antes era propiedad de Mahan Air, una aerolínea iraní sancionada afiliada a la Fuerza Qods del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC-QF), una Organización Terrorista Extranjera designada (FTO)“, dijeron las autoridades estadounidenses en un comunicado.
”El 11 de febrero, el gobierno de Argentina transfirió la custodia física de la aeronave a los Estados Unidos de conformidad con la orden final de decomiso, que fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia el 3 de mayo de 2023, manteniendo todos los derechos, títulos e intereses de la aeronave en los Estados Unidos de América“. El avión de carga Boeing 747 llegó al Distrito Sur de Florida, donde se preparará para su enajenación”, proseguía.
“La aeronave incautada, construida en Estados Unidos, fue transferida por una aerolínea iraní sancionada en una transacción que violaba las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos y beneficiaba directamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es una organización designada terrorista”, dijo el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
