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Milei destituye a su ministro de Infraestructuras por no ser de fiar

Ferraro habría filtrado a la prensa detalles bochornosos de una reunión de gabinete

El presidente argentino, Javier Milei, destituyó este jueves al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, después de que éste supuestamente filtrara a la prensa algunos detalles de una reunión de gabinete que no deberían haberse hecho públicos, en concreto un exabrupto del jefe del Estado en el que se comprometió a “dejar sin un peso” a los gobernadores provinciales que no instruyeran a sus legisladores federales para que aprobaran el proyecto de la llamada Ley Ómnibus del Gobierno Libertario.

La destitución de Ferraro sin desmentir nunca los rumores parece corroborar que el jefe de Estado efectivamente dijo que buscaría venganza contra quienes no se avinieran a sus exigencias.

El Ministerio de Infraestructura comprende áreas clave como Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones. El Gobierno aún no ha anunciado un nuevo titular. Sin embargo, según algunos medios locales, Milei barajaba la idea de degradar el organismo y trasladar la mayoría de sus dependenciaas a Economía para que sus titulares dependan directamente del ministro Luis Toto Caputo.

El funcionario saliente se había desempeñado como subsecretario de Industria entre 2002 y 2003. También ocupó cargos clave en la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era alcalde.

Dada la fuerte resistencia de muchos gobernadores a las políticas de Milei, el gobierno federal necesita endurecer su postura para que las iniciativas del presidente sean aprobadas en el Congreso. “Los voy a dejar sin un peso”, dijo Milei. También dio instrucciones a sus ministros para que se preparen para emprender acciones legales si el paquete de reformas no sale adelante. “Si la ley no se aprueba, las más perjudicadas serán las provincias”, habría dicho Milei a sus colaboradores.

También ordenó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que presente al fiscal general, Eduardo Casal, una propuesta oficial para la creación de una fiscalía especial que investigue a los funcionarios públicos presuntamente implicados en casos de corrupción.

“Si esta ley no se concreta, el gasto público seguirá ajustándose por todas las vías alternativas, incluidos los fondos asignados a las provincias”, habría dicho Caputo.

En este escenario, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, deberán endurecer su posición, según la sugerencia del asesor presidencial Santiago Caputo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que Cúneo Libarona le transmitirá a Casal la idea del Gobierno Liberal que apunta a funcionarios “en casos de enriquecimiento ilícito y aumento injustificado de capital.”

“Incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito”, enfatizó Adorni.

Sin embargo, ya existe un organismo con esa competencia: La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) está prevista en la Ley 24.946 de creación del Ministerio Público Fiscal. Es, por lo tanto, una dependencia de la Procuración General de la Nación, como órgano especializado en la “investigación y persecución de las infracciones administrativas.”

En círculos locales se interpretó que esta iniciativa, que crea reparticiones cuando lo que interesa es bajar el gasto público, está pensada para amedrentar a aquellos parlamentarios que no pudieran justificar sus crecimientos patrimoniales pero cuyo voto allanaría el camino para la implementación de las políticas libertarias.