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Juez argentino ordena la entrega del Jumbo de Emtrasur a Estados Unidos
Venezuela amenazó a los países latinoamericanos que permitieran el regreso del B-747-300 a Estados Unidos con que tal aquiescencia sería interpretada como un acto hostil El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto internacional bonaerense de Ezeiza, accedió este miércoles a una petición de Estados Unidos y ordenó la entrega a Washington del avión carguero Boeing 747-300 perteneciente a la aerolínea venezolana Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), tras obtenerlo de la iraní Mahan Air.
Estados Unidos argumenta que, al vender el cuatrimotor a Caracas, Teherán había eludido las sanciones, mientras que el avión también habría prestado apoyo logístico a varios actos terroristas en todo el mundo.
Tras la decisión del magistrado, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo que el Poder Judicial de Argentina se sometía a Estados Unidos al acceder a una petición realizada en octubre de 2022 por el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia.
La aeronave está inmovilizada en Buenos Aires desde junio de 2022, cuando se le negó combustible para regresar a Venezuela, lo que también era una petición de Estados Unidos. Cualquier aeropuerto que ayudara a una aeronave buscada corría el riesgo de ser tratado como cómplice.
El régimen de Maduro condenó “categóricamente” la decisión de Villena, por considerarla “servil a los intereses imperiales”. El gobierno bolivariano también dijo que Villena “intenta consumar el robo” de la aeronave y afirmó haber demostrado ante “todas las instancias jurídicas y políticas internacionales” la “posesión legal y legítima de la mencionada aeronave, dedicada al transporte de productos de primera necesidad”.
“La conducta de saqueo, piratería y vasallaje de la Justicia y el Gobierno argentino transgrede su propia legislación y convierte a dicha nación en una grave violadora de la legalidad internacional en materia comercial y aeronáutica”, argumentó el Gobierno de Maduro al tiempo que se comprometió a tomar “todas las medidas legales, diplomáticas y políticas para salvaguardar sus derechos”.
También se advirtió a la comunidad internacional, y “especialmente a los países latinoamericanos”, que “cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo será debidamente interpretada como un acto hostil.”
Mahan Air y Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, están sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.
La tripulación del carguero, compuesta por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue detenida inicialmente, pero posteriormente el juez Villena la puso en libertad por falta de pruebas.
La decisión de Villena de incautar y entregar la aeronave a Estados Unidos sigue la opinión de la fiscal Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Fiscalía, Diego Solernó, quienes consideraron procedente la solicitud de decomiso. Ambos funcionarios tuvieron en cuenta un tratado firmado por Argentina y Estados Unidos en el que ambos países “se comprometieron a prestarse asistencia mutua”, que incluye “la cooperación en la ejecución de solicitudes de allanamiento, incautación y secuestro”.
El canciller venezolano, Yván Gil, señaló a través de un comunicado que “con esta ilegal decisión, el Estado argentino se somete a los poderes del imperialismo norteamericano y viola flagrantemente el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Carta de las Naciones Unidas, el Acuerdo Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela y otros acuerdos relacionados con la Navegación Aérea Internacional y los Derechos Humanos”.
En Paraguay, el B-747-300 provocó turbulencias políticas tras aterrizar en el aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este el 13 de mayo y despegar el 18 de mayo de 2022 para transportar cigarrillos pertenecientes a Tabesa, empresa propiedad del ex presidente Horacio Cartes.
