El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido condenado este jueves por un tribunal de Sao Paulo a pagar a los periodistas 50.000 reales (9.900 dólares) por daños morales colectivos que irán a parar al Fondo Estatal de Defensa de los Derechos Difusos.
La sentencia del Tribunal Superior de Derecho Privado ha agotado así todos los recursos disponibles y se ha convertido en definitiva en el caso presentado por el Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de São Paulo después de que Bolsonaro presuntamente tratara sistemáticamente a los profesionales de la información de forma agresiva en sus discursos y en las redes sociales.
El sindicato registró 175 ataques de Bolsonaro contra la prensa solo en 2020. La fuente es el informe Violencia contra periodistas y libertad de prensa en Brasil de la Federación Nacional de Periodistas, que ha recogido ejemplos de ataques homófobos, insultos y agresiones a mujeres periodistas durante entrevistas e incluso la amenaza de dar un puñetazo a un profesional. También se dice que Bolsonaro anima a sus partidarios a atacar a la prensa.
La sentencia del jueves confirmó una decisión anterior de la juez Tamara Hochgreb Matos, dictada en junio de 2022. En aquella ocasión, la magistrada consideró que el ex jefe de Estado había sobrepasado los límites de la libertad de expresión al ofender la reputación y el honor subjetivo de los periodistas y le impuso una multa de 100.000 reales (19.800 dólares).
Al ofender la reputación y el honor subjetivo de los periodistas, insinuando que las mujeres sólo pueden conseguir una primicia si seducen a alguien, haciendo uso de chistes homófobos y comentarios xenófobos, expresiones vulgares y argot bajo, y lo que es peor, amenazando e incitando a sus partidarios a agredir a periodistas, el acusado manifiesta, con violencia verbal, su odio, desprecio e intolerancia contra los profesionales de la prensa, descalificándolos y despreciándolos, lo que constituye una práctica manifiesta de discurso de odio, y evidentemente extrapola todos los límites de la libertad de expresión constitucionalmente garantizada, reza un extracto de la sentencia. La defensa de Bolsonaro apeló esa decisión.
Esta es una victoria no sólo para la libertad de prensa, sino también para la democracia, que exige respeto a la actividad periodística, dijo el abogado Raphael Maia, del equipo jurídico demandante.