El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido acusado de incitación a la violación por un Tribunal del Distrito Federal en relación con un discurso que pronunció ante la Cámara Baja en diciembre de 2014, cuando era diputado, informó este martes la Agencia Brasil.
Bolsonaro fue acusado por el Ministerio Público Federal (MPF), así como por la víctima de sus comentarios despectivos, la diputada de Rio Grande do Sul Maria do Rosário, del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En aquel momento, Bolsonaro dijo que la única razón por la que no violaría a Maria do Rosário era porque no se lo merecía.
El proceso contra Bolsonaro emprendido originalmente por el Supremo Tribunal Federal (STF) se detuvo después de que el encartado se convirtiera en jefe de Estado en 2019, pero con el fin de su mandato y, por lo tanto, de su inmunidad, el caso pasó a un tribunal inferior. La decisión de reanudar el proceso contra Bolsonaro fue firmada el 24 de agosto y hecha pública este martes.
Una más: ahora de un hecho de 2014. ¡La persecución no cesa! Siempre hemos defendido penas más duras para los que cometen este tipo de delitos y precisamente los que defienden al criminal ahora se convierten en la ‘víctima’. He sido insultado, me defiendo y una vez más se cambia el orden de los hechos para confirmar ¡otra persecución política conocida por todos! dijo Bolsonaro el martes en redes sociales.
Mientras tanto, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil falló el martes a favor de excluir a las Fuerzas Armadas del grupo de supervisión de las elecciones. Los militares tampoco participarán más en la comisión de transparencia de la elección, que había sido aprobada en 2021 por el entonces presidente Edson Fachin.
La propuesta de cambio fue hecha por el actual presidente del TSE Alexandre De Moraes, quien argumentó que la participación de las Fuerzas Armadas en la supervisión de las elecciones de 2022 resultaba incompatible con las atribuciones legales de los militares. Esta ampliación de las Fuerzas Armadas en la lista de entidades supervisoras no ha demostrado ser compatible con sus funciones constitucionales, ni razonable o eficiente, dijo.
En su opinión, las Fuerzas Armadas seguirán asistiendo a la Justicia Electoral en el transporte de las urnas electrónicas y en la seguridad de los votantes y de los colegios electorales.
En la misma decisión, el TSE también retiró al Supremo Tribunal Federal (STF) de los órganos de supervisión. Tres magistrados del Tribunal Supremo forman también parte del TSE y, además, el STF funciona como tribunal de apelación de las decisiones de la Justicia Electoral.
Bajo el mandato de Bolsonaro, que aspiraba a la reelección, las relaciones entre el TSE y las Fuerzas Armadas estuvieron marcadas por varias fricciones. En uno de los episodios, en un informe enviado al tribunal electoral, el Ministerio de Defensa afirmó que los militares no habían descartado la posibilidad de fraude en las urnas electrónicas.
El grupo de monitoreo está formado por partidos políticos y representantes del Ministerio Público, del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la Unión (CGU), de la Policía Federal y del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), entre otras entidades.
(Fuente: Agencia Brasil)