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Aumenta la represión en Nicaragua

Sábado, 13 de mayo de 2023 - 11:10 UTC
Quien critique al gobierno de Ortega puede ser detenido por traición a la patria Quien critique al gobierno de Ortega puede ser detenido por traición a la patria

El régimen nicaragüense del presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo ordenó nuevas detenciones de periodistas y activistas por “traición a la patria”, según se informó esta semana. El Poder Judicial del país también prohibió ejercer a un grupo de 25 abogados y notarios públicos porque fueron despojados de su ciudadanía nicaragüense.

Desde 2018 todos aquellos que publican opiniones contrarias al gusto de Ortega han sido perseguidos o detenidos. El 3 de mayo, unos 57 ciudadanos fueron detenidos tras ser seguidos hasta sus casas y amenazados.

“Cinco policías llegaron a mi casa a buscarme para decirme que no estuviera publicando cosas en mis redes, que la próxima vez que lo haga vendrán por mí y me pondrán a la orden del Ministerio Público”, relató a EFE un periodista nicaragüense.

Una de las víctimas explicó que los policías le dijeron que ella formaba parte de una lista elaborada por militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que rastrean en la red los perfiles de los “odiadores” de Ortega en cada uno de los 153 municipios de Nicaragua.

“Vinieron a mi casa y hasta me tomaron fotos”, aseguró un ingeniero agrónomo que sufrió acoso policial tras pedir al Estado a través de las redes sociales que garantice el agua potable en su ciudad durante el verano, cuando las temperaturas alcanzan los 49 grados centígrados.

Cinco organizaciones de derechos humanos, entre ellas Raza e Igualdad, condenaron la ola de violencia de las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, 25 abogados de la oposición fueron despojados de sus títulos, entre ellos el escritor Sergio Ramírez Mercado, la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez e incluso el padrino de la boda de la pareja presidencial, el ex magistrado Rafael Solís. Habían sido condenados en rebeldía por delitos políticos, como “traición a la patria”, y la familia Ortega-Murillo también les había despojado de su nacionalidad nicaragüense, confiscado sus bienes y exiliado. Quince de las 25 personas incluidas en la medida forman parte del grupo de 222 presos políticos que se exiliaron a Estados Unidos en febrero pasado.

El Poder Judicial emitió este 11 de mayo dos resoluciones invocando al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y su “competencia para organizar y dirigir el procedimiento de incorporación y otorgamiento de los títulos de abogados y notarios públicos, así como para autorizar y suspender el ejercicio de la profesión” por ser traidores a la patria.

Dos días antes, el Poder Judicial sandinista impuso la misma medida a Yonarqui Martínez, defensor de presos políticos.

El abogado Héctor Mairena, uno de los despojados de su título, dijo a EL PAÍS que la decisión demuestra saña. “Evidencia la voluntad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de aniquilarnos civilmente. Ya nos aniquilaron económicamente cuando nos quitaron las pensiones a varios jubilados... y ahora nos quieren aniquilar profesionalmente”, dijo.

Mairena, miembro del movimiento UNAMOS (antiguo Movimiento Renovador Sandinista), indicó que el “menú de la dictadura es variado pero también muestra que se está agotando”. Según él, dentro del “menú de la represión está el encarcelamiento, el exilio y ahora el despojo de la profesión”.

El Poder Judicial sostiene que “se les impuso las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ocupar cargos públicos, para ejercer funciones públicas en nombre y servicio del Estado de Nicaragua, así como, para ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos a perpetuidad, así como la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, en consecuencia, de conformidad con el ordenamiento jurídico nicaragüense y las normas que regulan la profesión de abogado y notario público, estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer la profesión de abogado y notario público, ya que perdieron el derecho a ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense. ”

Categorías: Política, América Latina.