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Torturador uruguayo condenado más allá de la petición del fiscal
Ferreira se encuentra en arresto domiciliario desde marzo de 2020 El ex militar uruguayo Alejandro Ariel Ferreira ha sido condenado a 9 años de cárcel por torturas y crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención conocido como “Los Vagones” durante el régimen militar de 1973-1985, según se anunció el lunes. Fue la primera condena por juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad a través del nuevo código penal y la primera sentencia por un crimen de derecho internacional.
La Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, encabezada por el fiscal Ricardo Perciballe, solicitó una pena de nueve años y cuatro meses por los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad, pero el juez “fue más allá de esta petición y terminó condenando al ex militar por torturas, algo que no había sido solicitado por la Fiscalía por entender que este delito no estaba tipificado en la época en que ocurrieron los hechos”.
El juez tuvo en cuenta algunos parámetros internacionales y también decidió condenar a Ferreira por este delito. El fiscal también afirmó que quedó plenamente probado un plan sistemático de persecución en Canelones, similar al que se aplicó en distintos puntos del país. Asimismo, afirmó que también quedó probada la existencia del centro clandestino de detención y tortura conocido como “Los Vagones”. En la causa participaron la Fiscalía de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad de Víctimas.
Alejandro Ariel Ferreira Brune estuvo involucrado en hechos de tortura en “Los Vagones” de Canelones en 1975 y 1976.
El director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, indicó que en el caso también participó la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. El caso fue denunciado en 2019 y, ese mismo año, el juez de Canelones Luis Sobot ordenó la prisión preventiva de Hugo Orestes Guillén, Wisthon Mario Vítale y Ferreira por 120 días. Guillén y Vítale fallecieron, mientras que Ferreira cumple arresto domiciliario desde marzo de 2020.
