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Chile: Comité de Admisibilidad de reforma constitucional elige a sus autoridades
Un nuevo intento de reformar la Constitución chilena avanza en medio de la indiferencia popular El Comité Técnico de Admisibilidad de la reforma constitucional chilena comenzó a funcionar el lunes en Santiago con la elección de sus autoridades. El organismo está integrado por 14 representantes de distintos partidos políticos que fueron designados el 25 de enero.
Tras la reunión de este lunes, el grupo estará presidido por Ana María García Barzelatto, con Claudio Grossman Guiloff como vicepresidente. Los otros miembros son Viviana Ponce de León Solís, Julia Urquieta Olivares, Marcos Contreras Enos, Estefanía Esparza Reyes, Juan Carlos Ferrada Bórquez, Tomás Jordán Díaz, Marisol Peña Torres, Víctor Manuel Avilés Hernández, Héctor Antonio Mery Romero, Cecilia Flores Eterovic, Josefina Soto Larreátegui y Enrique García Arancibia.
Mientras los políticos se concentraban en estas formalidades, a la mayoría de los chilenos les importaba poco y nada. Según una encuesta de Pulso Ciudadano publicada el mes pasado, el 57% de los chilenos tiene poca o ninguna confianza en el proceso constituyente. La segunda parte del proceso constituyente chileno comenzó el 6 de marzo con el nombramiento de una Comisión de Expertos (12 elegidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado) que se reunió por primera vez el pasado viernes y tiene tres meses para redactar el anteproyecto de nueva Constitución para el que se elegirá una nueva Asamblea en mayo.
A la espera de la designación de nuevas autoridades, el grupo de Expertos será presidido por el ex ministro de Justicia Hernán Larraín, el miembro de mayor edad del equipo cuyo trabajo se realizará en conexión con el del Comité Técnico de Admisibilidad, un grupo de 14 académicos del derecho antes mencionado.
Según Pulso Ciudadano, el 57 % de los chilenos no tiene confianza en el proceso constituyente, 2,3 puntos más que en la medición de enero, mientras que el 16,7 % tiene algún grado de confianza y el 26,2 % tiene sólo mediana confianza.
La gente tiene otras prioridades antes que redactar una nueva Constitución, como la inseguridad, la migración ilegal y la economía, según expertos citados por medios locales.
Una vez entregado el anteproyecto, los profesionales elegidos por los parlamentarios, que tienen un perfil académico y experiencia en cargos de la administración del Estado, tendrán derecho a voz, pero no a voto, se explicó.
