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Rebeldes mapuches lanzan vídeo de advertencia en Patagonia argentina
Los mapuches responsabilizan a las autoridades argentinas de cualquier muerte o herido El grupo rebelde mapuche Lof Lafken Winkul Mapu difundió este martes un nuevo vídeo en el que insta a los miembros de la comunidad nativa a realizar “más acciones” para proteger el rewe (espacio) considerado sagrado.
La organización que tomó propiedades en Villa Mascardi hasta que fueron desalojados por las fuerzas del orden también pronosticó “nuevas acciones” de las que responsabilizó al gobierno.
“A la sociedad consciente. El 17 de octubre de 2022, en el territorio del rewe lafken, hacemos un llamado urgente a seguir organizándonos para realizar diferentes acciones en apoyo al cuidado del rewe”, comienza el mensaje.
El anuncio fue lanzado 48 horas después de que la jueza federal Silvana Domínguez ordenara la restitución de los siete inmuebles en la provincia de Río Negro que el grupo había ocupado durante cinco años.
“Seguimos dispersos y firmes en el territorio”, dicen los mapuches en su video, en el que aseguran que la región ha sido “militarizada”, por lo que responsabilizan a los gobiernos nacional y provincial por cualquier persona “herida o muerta”.
”Responsabilizamos al gobierno provincial de la gobernadora Anabela Carreras; al gobierno nacional de Alberto Fernández; al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; a la jueza Silvina Domínguez y a Yanacona (término utilizado para indicar 'traidores') si hay heridos o muertos“, señalaron.
La jueza Domínguez también ordenó que se mantenga el rewe, el espacio sagrado mapuche. ”Requeriré a la APN [Administración de Parques Nacionales] que preserve debidamente la 'talla antropomorfa y su espacio circundante' por ser un lugar utilizado como espacio de culto mapuche (rewe)“, dictaminó.
La fiscalía había argumentado que la incautación del terreno se había basado en ”una visión que tuvo, en 2017, una joven de 16 años que se autoproclamó machi, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche“.
”La joven soñó que sus ancestros le indicaban que debían instalarse allí”, explicó la fiscal federal María Cándida Etchepare.
