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Presentan moción de juicio político a la intendenta de Montevideo
“Quieren distraer y confundir a la ciudadanía” y “no lo van a conseguir”, enfatizó Cosse Concejales de los partidos Blanco y Colorado de Montevideo presentaron un pedido de destitución de la intendenta del Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, por el reiterado incumplimiento en la entrega de una serie de informes solicitados a su despacho.
La sesión en la que se pidió su destitución el viernes se llevó a cabo sin su presencia. “Esta es una práctica de la administración Cosse que se ha vuelto costumbre, a diferencia de las administraciones anteriores, que siempre respondían a los pedidos de informes”, dijo el concejal Javier Barrios Bove. “Esta actitud nos lleva a entender que la actual administración ha establecido una política sistemática de obstaculizar uno de los mecanismos más importantes de control que tienen los legisladores departamentales, como es el pedido de informes”, agregó el legislador blanco.
Cosse replicó en un video distribuido a través de las redes sociales que la medida era un “atropello republicano” que tenía “animadversión política” contra ella e insistió en que un juicio político estaba reservado para “casos de delitos o de violación de la Constitución” y “ninguna de esas dos cosas ocurrió”, subrayó una de las probables candidatas de la oposición a la presidencia en las próximas elecciones presidenciales de 2024.
“La Intendencia contestó a todas las peticiones de informe”, añadió, señalando también que durante 2021 se presentaron 234 solicitudes de informe y que de las recibidas en 2022 “sólo quedan pendientes 9”, pero Cosse argumentó que su administración no se ha excedido en el plazo. También señaló que se había contestado “el 98% de las solicitudes de acceso a la información pública” y que “el 2% restante no se contestó porque corresponde a otros organismos del Estado”.
“Quieren distraer y confundir a la ciudadanía”, añadió la mandataria comunal. “No lo van a conseguir”, prosiguió, refiriéndose a la recientemente descubierta red delictiva de falsifiación de pasaportes en la que estaba involucrado el jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, y operaba directamente desde las oficinas del presidente.
