Los tiempos del home office para los funcionarios argentinos llegan a su fin a partir de este lunes por decisión de la secretaria de Gestión Pública y Empleo, Ana Castellani, luego de que se considerara superada la etapa crítica del COVID-19.
La nueva decisión marca el fin de una modalidad que lleva poco más de dos años para frenar la propagación del SARS-CoV-2.
”Cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional (...) deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual antes de la vigencia del Decreto 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificaciones, ordena la Resolución 58/2022.
Un primer paso ya se había dado a mediados de agosto, cuando los empleados estatales comenzaron a volver a sus puestos de trabajo, aunque bajo un esquema mixto que combinaba tareas a distancia y asistencia programada. En ese momento, los empleados debían haber recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19, 14 días antes de volver físicamente a sus puestos de trabajo, mientras se readecuaron las oficinas de acuerdo con las directrices de las autoridades sanitarias.
En cualquier caso, los trabajadores deben seguir ahora también las recomendaciones generales para prevenir nuevos contagios de coronavirus y otras enfermedades respiratorias. Aquellos que hayan optado por no vacunarse deberán firmar una declaración jurada en la que manifiesten que han recibido y comprendido la información relativa a la vacunación y que asumen toda la responsabilidad derivada de la conducta que adopten.
Asimismo, quienes no se vacunen deberán comprometerse a adoptar las medidas necesarias para evitar los perjuicios que su decisión pueda ocasionar en el normal desempeño del equipo de trabajo del que forman parte.
Sin embargo, las personas que pertenezcan a grupos de riesgo, que tengan algún tipo de inmunosupresión, una comorbilidad, ... una situación que impida, con acreditación de certificado médico, la asistencia presencial” seguirán estando exentas de la nueva medida. La lista menciona específicamente a las personas con inmunodeficiencias congénitas, asplenia funcional o anatómica, anemia falciforme y desnutrición severa, a los enfermos de VIH (según su estado) y a los pacientes que toman medicación inmunosupresora o corticoides en dosis elevadas.