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Nicaragua planea cerrar otras 25 ONGs
Las ONG deberían haber solicitado el registro como “agentes extranjeros”, ya que reciben donaciones del exterior. El Gobierno de Nicaragua ha anunciado este lunes su intención de clausurar otras 25 organizaciones no gubernamentales (ONG). La Asamblea Nacional (Parlamento) incluyó la nueva iniciativa en la agenda para este miércoles.
Entre los afectados esta vez, figura la Fundación Luisa Mercado, encabezada por el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez Mercado y la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el poeta Ernesto Cardenal (1925-2020).
Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua entre 1979 y 1990 bajo el comandante Daniel Ortega, quien actualmente parece haberse pegado a la presidencia después de reelecciones consecutivas en oscuros comicios con la mayoría de los oponentes encarcelados o en el exilio.
Mientras tanto, Cardenal, que fue ministro de Cultura, pasó de ser un símbolo de la Revolución Sandinista a ser un “perseguido político”, como se declaró a sí mismo, de Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, con quien se enfrentó en el último tramo de su vida.
Tanto el escritor como el poeta participaron en la lucha contra la dictadura de la familia Somoza y fueron militantes junto a Ortega hasta 1995.
Cardenal, una de las mejores figuras de la literatura latinoamericana y un gran promotor de la teología de la liberación, sostuvo que el gobierno de Ortega “no es izquierdista, ni sandinista, ni revolucionario, sino simplemente una dictadura familiar”, como la que derrocaron.
El Ministerio del Interior también propuso a la Asamblea Nacional (Parlamento), cancelar la personalidad jurídica de la Asociación de la Comisión de Derechos Humanos Permanentes de Nicaragua (CPDH), dedicada a la defensa de los derechos humanos desde 1991, se informó.
Otras ONG a ser prohibidas son la Fundación Coen, propiedad del empresario Piero Coen; La Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Nicaragua de Cinematografía, y el Centro de Asociación para la Capacitación de las Trabajadoras.
También el Centro de Fundación para la Comunicación y la Educación Popular, la Fundación para el Desarrollo Integral de las Mujeres Indígenas de SUTIABA, y la Coordinadora Nicaragüense de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales que Trabajan con la Infancia y la Adolescencia (CODENI).
La lista también incluye la Academia de Ciencias Jurídicas, el Centro de Derechos Constitucionales y la Fundación Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz y el Desarrollo de la Sociedad Civil.
En Nicaragua, con el voto de los diputados Sandinistas y sus aliados, se han clausurado al menos 112 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, meses después de que una revuelta popular estalló frente a controvertidas reformas en la Seguridad Social. Las manifestaciones fueron calificadas por Ortega como un intento de golpe de estado.
Entre las organizaciones afectadas figuran ONG defensoras de los derechos humanos, entidades médicas, feministas, educativas, universidades, ambientales, indígenas, periodistas y centros culturales.
La administración de Ortega también ha cancelado cuatro entidades de EE UU y seis europeas.
Según el Ministerio del Interior, las nuevas 25 ONG no han cumplido con su deber de registrarse como “agentes extranjeros, al que están obligados porque recibieron donaciones del extranjero”.
Las autoridades también afirmaron que las ONG no informaron sus estados financieros, en particular los detalles de las donaciones (origen, procedencia y el beneficiario final). Tampoco dieron a conocer sus juntas directivas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado después de las elecciones generales controvertidas del 7 de noviembre pasado, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente, con sus principales contendientes en prisión.
