La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un tribunal creado por el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se ha visto obligada a iniciar nuevas líneas de investigación, tras testimonios y pruebas contundentes, se anunció.
La JEP, concebida para dictar sentencias menores a cambio de información para esclarecer la verdad sobre lo sucedido durante 50 años de conflicto armado, ha ordenado tres nuevos macrocasos o líneas de investigación para ahondar en los crímenes cometidos por combatientes de las FARC , por miembros de las fuerzas colombianas y por cualquier tercero involucrado en el conflicto.
Los nuevos macrocasos investigarán “violencias sexuales y de género, homicidios, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, ocupaciones de poblaciones, uso indiscriminado de armas y otros delitos no amnistiables” cometidos por exmiembros de las FARC.
La segunda línea de investigación consistirá en delitos perpetrados “directamente por miembros de las fuerzas armadas o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles también relacionados con “violencia sexual y de género, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y despojo de tierras”.
Y la tercera línea buscará esclarecer los crímenes cometidos contra los pueblos y territorios étnicos, donde existen masacres, asesinatos selectivos y daños al medio ambiente.
Hasta el momento, la JEP tenía siete líneas de investigación, todas vinculadas al conflicto armado, entre ellas el secuestro y asesinato de civiles a manos de militares, conocidos como “falsos positivos”.
El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, dio a conocer las cifras que llevaron a la apertura de estas nuevas líneas de investigación:
En el caso de los delitos cometidos por miembros de las FARC, se registran 9.763 víctimas de desaparición forzada entre 1980 y 2016, y 36.491 homicidios entre 1964 y 2016, además de 399 masacres entre 1955 y 2013, más 52.911 víctimas de desplazamiento forzado de 1980 a 2016 , así como 1.412 actos de violencia sexual con 1.923 víctimas entre 1990 y 2015, y 232 actos en los que 2.623 personas fueron afectadas por minas antipersonales.
En cuanto a los miembros de las fuerzas armadas, en algunos casos asociados con paramilitares y otros actores armados, hubo 43.209 actos de este tipo entre 1985 y 2010 además de evidencia de 10.368 hechos delictivos perpetrados por agentes estatales en connivencia con grupos de extrema derecha entre 1994 y 2016, mientras que se han radicado 206 casos de violencia sexual, más 17 masacres. Un total de 1.193.301 miembros de pueblos ancestrales han sido afectados por el conflicto entre 1970 y 2016 y 1.663.930 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 1996 hasta 2016.
Cifuentes aseguró que en todos estos casos hay información amplia que sustenta las acusaciones y agradeció a las víctimas que hayan aportado pruebas para abrir estas nuevas líneas de investigación. Dijo además que en los primeros siete macrocasos investigados por la JEP se han identificado como víctimas a más de 328 mil personas, lo que demostraba la confianza del pueblo en la JEP.