El Gobierno de Chile decretó el Estado de Excepción en la región norte del país para hacer frente a la crisis migratoria, que se ha traducido tanto en un aumento de la delincuencia como en actos de xenofobia, se anunció.
De acuerdo con el Decreto del presidente Sebastián Piñera, las Fuerzas Armadas pueden ser convocadas para actuar junto con las policías locales y federales para controlar la migración.
La medida presidencial rige en Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa, donde se han desplegado 100 Carabineros (policía federal) y 672 efectivos de las Fuerzas Armadas para resguardar las fronteras y “controlar la inmigración ilegal”.
Los extranjeros indocumentados, en su mayoría venezolanos, que ingresan a Chile desde Bolivia han generado problemas humanitarios así como problemas de seguridad, delincuencia y orden público.
Estas personas suelen ser víctimas de bandas del crimen organizado para el tráfico de drogas, armas y personas, además del contrabando de mercancías y otros muchos males, según fuentes del Palacio de La Moneda, que Piñera tiene previsto dejar en menos de un mes (el 11 de marzo) cuando preste juramento el nuevo mandatario Gabriel Boric.
La medida de Piñera tendrá una vigencia de 15 días y corresponderá al Congreso otorgar una renovación por 15 días.
Las fuerzas de seguridad han recibido drones y otros equipos de última generación, incluidos helicópteros y dispositivos con visión nocturna y térmica, para llevar a cabo sus tareas de vigilancia las 24 horas, se informó.
Más del 7% de la población de Chile está compuesta por migrantes (1,4 millones), encabezando la lista los venezolanos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Piñera ha sostenido que la crisis migratoria es un tema global y regional y ha subrayado que solo en América Latina “estamos siendo afectados por más de 6 millones de venezolanos que han salido de ese país por la crisis política, económica, social y humanitaria”.