MercoPress. South Atlantic News Agency
Expresidente hondureño arrestado a pedido de EEUU
Hernández había llegado a la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2014 Menos de tres semanas después de que Juan Orlando Hernández dejara el cargo de Presidente de Honduras, el ex mandatario fue puesto bajo arresto a la espera de su extradición a Estados Unidos por sus presuntos vínculos con narcotraficantes.
Hernández salió de su casa en Tegucigalpa escoltado por agentes del orden. Estaba encadenado en las muñecas y los tobillos y vestía un chaleco blindado.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras había designado un juez el martes por la mañana para llevar el caso y horas después se firmó la orden de arresto.
El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, quien fue despedido por Hernández como jefe de la Policía Nacional en 2014, dijo este martes que Hernández tenía vínculos ”con cárteles para traficar y corromper muchas instituciones públicas, (lo que) generó deterioro social y anuló la aplicación de justicia en Honduras“.
Sabillón agregó que los principales cargos contra Hernández en Estados Unidos son narcotráfico, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el narcotráfico.
Los fiscales federales en Nueva York habían señalado repetidamente a Hernández como cómplice durante el juicio por drogas de su hermano en 2019, alegando que su ascenso político había sido apoyado financieramente por los cárteles de la droga.
El hermano del expresidente, Juan Antonio ”Tony“ Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua por cargos relacionados con drogas y armas en marzo de 2021. Durante el juicio, el fiscal federal adjunto Matthew Laroche había hablado de ”tráfico de drogas patrocinado por el estado“.
Hernández publicó un audio en Twitter la madrugada del martes en el que dijo estar ” listo para colaborar y venir voluntariamente (...) para poder enfrentar esta situación y defenderme”.
Según informes de prensa, Hernández contaba con el apoyo de la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, pero todo cambió una vez que Joseph Biden llegó a la Casa Blanca.
No se reveló la identidad del juez de la Corte Suprema que firmó la orden de arresto. Se sabe que el presidente del Tribunal Supremo, Rolando Argueta, es cercano a Hernández y los 15 jueces del Tribunal fueron designados por el Congreso en 2016, durante la primera presidencia de Hernández, por siete años. La mayoría de ellos pertenecen al Partido Nacional, como el expresidente.
El año pasado, un grupo de senadores estadounidenses había respaldado una propuesta para aislar a Hernández al prohibir la exportación de gases lacrimógenos y balas de goma que las fuerzas de seguridad hondureñas habían utilizado en los últimos años contra manifestantes.
“A lo largo de los últimos ocho años de decadencia, depravación e impunidad, las administraciones estadounidenses consecutivas han empañado nuestra reputación al tratar a Hernández como un amigo y socio”, dijo en un comunicado el martes el senador estadounidense Patrick Leahy, uno de los que apoyó la medida.
“Al dar excusa tras excusa a un gobierno que no tenía legitimidad y operaba como una empresa criminal, las autoridades estadounidenses perdieron de vista lo que representamos y que nuestro verdadero aliado es el pueblo hondureño”, agregó.
Según expertos hondureños en derecho penal, la extradición de Hernández a EE. UU. durará casi tres meses o menos.
Hernández dejó la presidencia el 27 de enero cuando fue juramentada la presidenta Xiomara Castro. Ese mismo día, Hernández juró como representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano. Uno de sus abogados, Hermes Ramírez, dijo a medios locales que su cliente gozaba de inmunidad por su cargo en el parlamento regional e insistió en que las fuerzas de seguridad no estaban siguiendo el debido protocolo.
Hernández afirma en su defensa que Honduras comenzó a permitir la extradición de hondureños por delitos de drogas desde que él presidió el Congreso, pero los fiscales estadounidenses dijeron que aceptó sobornos de narcotraficantes con promesas de protegerlos una vez que asumiera la presidencia. En 2019, los fiscales estadounidenses en Nueva York lo implicaron en numerosas ocasiones en el juicio por drogas de su hermano, alegando que las ganancias de las drogas financiaron su ascenso político.
