Uruguay finalmente realizará un referéndum contra 135 artículos de la denominada Ley de Urgente Consideración (LUC), que ha sido una piedra angular de la gestión del actual presidente Luis Lacalle Pou, se anunció este miércoles en Montevideo.
La Corte Nacional Electoral ha validado 671.544 firmas, logrando así el número mínimo requerido para convocar a un referéndum que busca derogar 135 disposiciones de la LUC.
Una vez alcanzado el 25% del censo electoral necesario, la Corte deja de contar las firmas que rondaban las 800.000 según los grupos de oposición detrás de la iniciativa.
Las autoridades ahora deben establecer una fecha dentro de los 120 días calendario para celebrar el referéndum, que con toda probabilidad tendrá lugar entre marzo y abril de 2022.
El opositor Frente Amplio (Frente Amplio -FA-) y organizaciones sociales habían presentado más de 730.000 firmas en julio para convocar al referéndum contra 135 artículos de la LUC, que se considera una hoja de ruta de la coalición gobernante de derecha.
Lacalle Pou asumió el 1 de marzo de 2020 después de 15 años de gobiernos del FA y aprobó la LUC el 10 de julio de 2020. Se levantaron voces en contra desde la oposición y el Frente Amplio advirtió que se perdieron derechos y libertades y que se aprobó una legislación a favor de los más privilegiados.
El FA pidió la derogación de 135 de los 476 artículos de la ley, que refleja puntos centrales del programa de la coalición gobernante, y abarca temas tan diversos como seguridad pública, educación, economía o salud.
Entre los temas más controvertidos se encuentran la flexibilidad en el uso de la fuerza policial, la regulación del derecho de huelga y la prohibición de piquetes en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios, con la consecuente autorización para disolverlos.
En cuanto al Código Penal, la LUC también aborda las penas mínimas y máximas para delincuentes juveniles, además de restringir las condiciones de liberación de los adolescentes en prisión.
También aplica el concepto de legítima defensa a los bienes materiales y extiende de 2 a 4 horas el tiempo durante el cual la Policía debe informar a la Fiscalía de la detención de una persona, mientras que que faculta a policías y agentes militares a registrar personas y automóviles en procedimientos rutinarios.
También prevé cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados, elimina la obligación de la educación formal en la primera infancia y reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación.
Se cree que el referéndum será una especie de prueba para la administración de Lacalle Pou, que según la mayoría de las encuestas está altamente aprobada.