El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes que buscará la aprobación del Congreso para extender el estado de emergencia en las regiones de La Araucanía y Bío Bío, a fin de permitir la militarización de la zona en conflicto.
Esta medida, que se aplica a las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín, fue firmada por el mandatario en octubre pasado y ya fue prorrogada una vez por decreto. Ahora necesita la aprobación de ambas Cámaras del Congreso para mantenerse en vigor.
“Le pido respetuosamente al Congreso que apruebe urgentemente la prórroga de este estado de excepción en las provincias de Bío Bío, Arauco y Malleco y Cautín, y también que apruebe leyes que son imprescindibles”, dijo Piñera.
El jefe de Estado también explicó que las Fuerzas Armadas no reemplazan a la policía en su labor policial, pero sí permiten la prestación de apoyo logístico, tecnológico, de comunicación, transporte, vigilancia y patrullaje a Carabineros y la Policía de Investigaciones para enfrentar con mejores herramientas al terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y la violencia que afecta a aquellas provincias .
Piñera señaló además que “entre el 13 de octubre, día en que entró en vigencia el estado de emergencia, y apenas el pasado 31 de octubre, los incendios provocados prácticamente se han reducido a la mitad y las usurpaciones de propiedad a un décimo. Estos son los resultados que valoramos”.
La región sur de Chile alberga una gran población mapuche. La zona ha sido escenario de una creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos indígenas que reclaman derechos ancestrales sobre la tierra.
La Plataforma Política Mapuche interpuso recurso judicial el 22 de octubre contra Piñera y el ministro de Gobernación, Rodrigo Delgado, por arbitrariedad, ilegalidad y discriminación en la firma de los anteriores decretos de militarización.
El portavoz mapuche Alihuen Antileo dijo que con el decreto del estado de emergencia “se viola el principio de igualdad e ilegalidad (…) cuando se adopta una medida que puede afectar directamente a miembros de un pueblo indígena, se debe realizar un proceso de consulta previa y en este caso no se hizo y por lo tanto en este caso sería ilegal”.