El expresidente argentino Mauricio Macri ha sido citado para comparecer el 7 de octubre ante los Tribunales en un caso de presunto espionaje contra familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan de la Armada.
Con las próximas elecciones de mitad de período en Argentina, muchos analistas ven algún tipo de guerra legal en el momento del fallo, aunque el propio Macri no es un candidato.
Macri, actualmente en Miami, también tiene prohibido salir del país por el juez Martín Bava, quien se encuentra a cargo temporalmente de un Juzgado Federal en la ciudad de Dolores en la provincia de Buenos Aires.
Es la primera vez que el exjefe de Estado debe rendir cuentas por sus actos en tal calidad. Macri habría involucrado a la Agencia Federal de Inteligencia para rastrear los movimientos de los familiares entre fines de 2017 y diciembre de 2018.
El caso había sido presentado por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, quien afirmó que se había pedido que los agentes determinaran qué acciones estaban planeando los familiares contra Macri. El proceso judicial, iniciado en Mar del Plata, pasó a Dolores luego de un error procesal de la Fiscalía, explicaron analistas judiciales.
En un fallo de 166 páginas, el juez Bava también dispuso la acusación de los exdirectores de AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Otros entonces funcionarios de la AFI están siendo investigados “por el delito de realizar acciones de inteligencia prohibidas como coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el mero hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidistas, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad jurídica que desarrollaran, así como en virtud de haber intentado incidir en la situación institucional y política del país (...) en competencia ideal con el delito de abuso de autoridad de un funcionario público como coautores”.
El juez que dictó esa decisión fue soldado conscripto del Ejército durante el conflicto armado del Atlántico Sur de 1982 con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas / Falkland. Se graduó como abogado de la Universidad de Buenos Aires en 1991 y se convirtió en magistrado federal en la ciudad de Azul luego de un dudoso proceso de selección.
Actualmente también se encuentra a cargo del Juzgado de Dolores luego de que el juez Alejo Ramos Padilla lo dejara vacante para asumir en el Juzgado Federal Nº 1 de la capital provincial La Plata, que también tiene competencia electoral y por lo tanto adquiere un peso político distinto.
Macri “no iba a poder escaparse porque los papeles que presentaron, que están en el archivo, entregado por los espías, van dirigidos personalmente a él, no puede” invocar desconocimientoi, dijo el abogado Luis Tagliapietra, padre de una de los tripulantes fallecidos.
El San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur con una tripulación de 44 a bordo. Fue encontrado un año y dos días después en el fondo del mar por una empresa privada no muy lejos de donde se suponía que debía estar, a una profundidad de 907 m.
“Los altos cargos de la Agencia Federal de Inteligencia –en el período investigado– fueron los que llevaron a cabo la planificación, organización y distribución de la información producida ilegalmente por la Delegación de Mar del Plata; que llegó a lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional ”, escribió el juez Bava.
“Macri, se reunió por primera vez con las familias de los tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre de 2017; es decir, sólo cinco días después de la desaparición del submarino 64, cuando comenzó el espionaje ejercido contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan , prosiguió.
El juez Bava también restó importancia a los motivos de seguridad presidencial” para el seguimiento de la AFI de la esposa y la hermana de dos de los miembros de la tripulación desaparecidos que se habían reunido con Macri. “¿Qué amenaza a la seguridad interna oa la seguridad presidencial pueden suponer dos mujeres en un predio custodiado por diversas fuerzas policiales y / o militares que lo único que querían era tener unos minutos de atención de la máxima autoridad de la República en ese momento?”, argumentó Bava.
“Sostener la idea de que se pueden encontrar factores de riesgo para la seguridad interna o la defensa nacional en hechos de este tipo, nos retrotrae a tiempos inaceptables previos a la recuperación de la democracia, en los que se realizaban labores de espionaje similares”, prosiguió el juez.
Los informes de la AFI dirigidos al Presidente de la Nación pretendían informar “sobre las legítimas pretensiones de los familiares de las víctimas de la desaparición del submarino.
La expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) también denunció el viernes que la oposición de JxC avanzaba en la búsqueda de la “impunidad” de Macri a través de reformas al sistema judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Macri también tiene varias causas penales activas en su contra por presuntos hechos ocurridos antes de que asumiera la presidencia.