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Presidente argentino acusado de violar cuarentena ofrece compensación monetaria para evitar juicio

Fernández ofreció la mitad de su salario a la ciencia en compensación por violar lo que él mismo había decretado

Un fiscal federal acusó al presidente argentino Alberto Fernández de violar las restricciones sanitarias que él mismo había decretado, luego de que surgieran pruebas de una reunión multitudinaria en la Residencia de Olivos en 2020 para celebrar el cumpleaños de la Primera Dama mientras el resto del país estaba en cuarentena.

Fernández presentó una solicitud ante los tribunales para que se le evitara un juicio y se le permitiera donar la mitad de su salario presidencial a un instituto de microbiología. Juristas en Buenos Aires consultados por MercoPress explicaron que la prerrogativa de evitar el juicio está explícitamente prohibida en el caso de los funcionarios del gobierno.

“Creo que en esta etapa del proceso corresponde formalizar la investigación descrita contra el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández”, escribió el fiscal Ramiro González.

También se formularon cargos contra la Primera Dama Fabiola Yáñez y los demás invitados a la celebración.

Según el derecho penal argentino, “la persona contra quien se haya iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá comparecer ante el juez competente a fin de declarar. Si la declaración se recibe en la forma prescrita para la investigación, será válido como tal, a cualquier efecto”, lo que ha sido interpretado como una admisión implícita por parte de Fernández de que es consciente de que será procesado penalmente.

El jefe de Estado se disculpó por sus actos, lo que también es una admisión de culpabilidad, aunque resta determinar de qué.

“El presidente decidió comparecer por derecho propio y donará la mitad de su salario al Instituto Malbrán durante cuatro meses”, dijo la Oficina de la Presidencia en un comunicado.

Según un decreto presidencial emitido en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, el país se encontraba bajo un estricto confinamiento del que solo estaban exentos los trabajadores esenciales.

El caso ha asestado un duro golpe al Gobierno, menos de un mes antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, con miras a las elecciones legislativas de noviembre.