El Senado de Brasil aprobó este martes por 55 votos contra 10 y una abstención en votación secreta extender el mandato de Augusto Aras como Fiscal General por dos años más.
Aras había sido nominado para el cargo por el presidente Jair Bolsonaro y tuvo que pasar seis horas ante el Comité de Constitución y Justicia de la Cámara Alta antes de que el tema fuera sometido a votación.
Para ser reelegido, Aras necesitaba 41 votos de los 81 senadores. En 2019, la aprobación de Aras fue otorgada por 68 votos contra 10. En la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), recibió 21 votos a favor y seis en contra.
La Procuraduría General de la República es la encargada de solicitar la apertura de averiguaciones para investigar al presidente de la república, ministros, diputados y senadores y podrá presentar denuncias contra titulares de jurisdicción privilegiada.
Aras fue nombrado por primera vez para el cargo en 2019 por Bolsonaro. En ese momento, su nombre no estaba entre los tres más votados de la lista elaborada por la Asociación Nacional de Procuradores de la República (ANPR).
En julio de este año, Bolsonaro nominó nuevamente a Aras para un mandato al frente del Ministerio Público Federal. Una vez más, el presidente ignoró la lista de la ANPR, que no está obligado a observar.
De acuerdo con la Constitución, corresponde al Senado debatir y votar sobre los nominados para encabezar el Ministerio Público.
Aras, de 62 años, está especializado en derecho público y derecho económico. Nació en Salvador, Bahía, el 4 de diciembre de 1958, y es doctor en derecho constitucional por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (2005); Magíster en Derecho Económico de la Universidad Federal de Bahía (2000); Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Salvador (1981). También es profesor de derecho en la Universidad de Brasilia (UnB). Se incorporó al MPF en 1987 como fiscal.
El Fiscal General representa al Ministerio Público ante el Tribunal Supremo Federal (STF) y también ejerce las funciones de procurador general electoral.
Ante el STF, el fiscal general tiene, entre otras prerrogativas, la función de proponer acciones directas de inconstitucionalidad (ADI) y acciones penales públicas.
También le corresponde al fiscal general solicitar la apertura de averiguaciones para investigar al presidente de la república, ministros, diputados y senadores. También tiene la prerrogativa de presentar denuncias en estos casos. Aunque la Oficina aún puede crear grupos de trabajo para investigaciones especiales, Aras es crítico con el modelo, especialmente el que se usó en Lava Jato.